La «Marcha del sacrificio», integrada por familiares de las más de 50 víctimas de la represión a las protestas sociales de 2022 y 2023 durante el Gobierno de facto de Dina Boluarte, llegó este miércoles a Lima junto con jóvenes y gremios del transporte para exigir justicia y rechazar la impunidad frente a la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y la creciente inseguridad que azota al país.

La movilización partió el 23 de enero desde regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, recorriendo más de 140 kilómetros a pie hasta alcanzar la capital peruana. La columna principal estuvo conformada por viudas, madres, heridos y niños huérfanos de las mencionadas regiones, a quienes se sumaron diversas delegaciones y colectivos sociales durante el trayecto. El recorrido inició en el puente Atocongo con destino final en el Congreso de la República.

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La fecha elegida para la llegada a Lima coincide con el tercer aniversario del asesinato de Víctor Santiesteban, ocurrido durante la represión a las protestas de 2023 en la capital, figura que se ha convertido en símbolo de las exigencias de responsabilidades por las represiones de aquel periodo.

La principal reivindicación de los manifestantes es la reactivación del Eficavip, creado en marzo de 2023 para investigar los crímenes cometidos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y cuya desactivación ha generado preocupación entre los afectados.

Según el corresponsal de teleSUR, Ramiro Angulo, los manifestantes denunciaron hostilidad durante su trayecto. «Están denunciando hostilidad en todo este trayecto que vienen realizando en algunos momentos por autobuses, en otros momentos a través de caminatas de parte de la policía», señaló Angulo, quien agregó que «denuncian controles e intervenciones innecesarias, retención de documentos y también vigilancia constante que consideran que afecta su derecho a la protesta, así como su derecho al libre tránsito».

Activistas de la denominada Generación Z asumieron un rol importante en las últimas movilizaciones, dirigiendo sus denuncias directamente contra el presidente interino José Jerí. Los jóvenes exigen justicia, rechazan la impunidad y solicitan medidas efectivas contra la inseguridad pública.

Jerí ha sido cuestionado por la escasez de resultados en la lucha contra la inseguridad, pese a la vigencia del estado de emergencia en varias zonas del país desde octubre de 2025. A esto seuma los pedidos de renuncia debido a reuniones clandestinas sostenidas con empresarios chinos, en las que presuntamente habría incurrido en actos de corrupción.

Diversos gremios del transporte se unieron a la protesta para visibilizar los ataques y extorsiones que sufren trabajadores del sector en Lima y otras zonas del Perú. La Alianza Nacional de Transportistas participó activamente en la movilización; su vicepresidente, Julio Campos, afirmó: «Vamos a estar con ellos porque vivimos en una incertidumbre política y social», y denunció: «No pueden seguir atacando con explosivos a los buses y los negocios. Tenemos que salir a denunciar la vida».

Según datos del Ministerio del Interior, entre agosto de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 91 muertos en el sector del transporte en Lima Metropolitana y el Callao —69 choferes, 12 pasajeros, 5 cobradores, 3 jaladores, un vendedor y un gerente—, además de 74 personas heridas por ataques de extorsionadores. Estas cifras motivaron una gran manifestación de transportistas el 15 de enero pasado.

La protesta se desarrolla en un contexto de violencia creciente, con múltiples ciudadanos, especialmente trabajadores del transporte y comerciantes, convertidos en blanco de organizaciones criminales. Aunque organizaciones como la Asociación de Transportistas Nacionales (Asotrani) expresaron apoyo a las demandas, decidieron no sumarse a esta movilización, evaluando convocar otra protesta en el futuro.

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