Tras detectar patrones de votación anómalos y recibir denuncias de irregularidades, la campaña de la izquierda en Perú, agrupada detrás del candidato Roberto Sánchez, hace frente ahora a otro viacrucis: recaudar 925.000 dólares para solicitar la impugnación de 2.400 mesas de votación que presentan cifras de sufragios exageradamente favorables hacia la representante de la ultraderecha, Keiko Fujimori.

La legislación vigente establece un costo de 1.337 soles (aproximadamente 393 dólares) por cada mesa que se pretenda impugnar formalmente.

El director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Manc, denunció que en el caso de esta elección en Perú, «el coste de exigir transparencia democrática se tasaba en casi un millón de dólares. Si no los tienes, pues te quedas sin poder exigir transparencia«, cuestionó el experto en referencia a un recurso del que cada candidato debe disponer por derecho.

¿Se puede perder una elección por 925.000 dólares?
La respuesta es SÍ.
En una democracia tan mercantilizada como la peruana, solicitar la impugnación de actas tiene precio.
Y no es nada barato.
La mesa a impugnar está a 1.337 soles, es decir, unos 393 dólares.
En el caso de… pic.twitter.com/8mImUD8cJQ

— Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) June 13, 2026

El sistema electoral peruano mercantiliza el acceso a la justicia al fijar tarifas que condicionan la exigencia de transparencia democrática al poder adquisitivo de cada organización política. En el escenario actual, con resultados tan ajustados, las candidaturas que carecen de recursos financieros quedan excluidas de la posibilidad de apelar los escrutinios.

Los resultados continúan muy ajustados: la diferencia es de poco más de 18.000 votos. Al cierre de esta información, la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reflejaba el resultado del sufragio con el 98.593 por ciento de las actas contabilizadas (91.461 de 92.766, y 1.305 actas de diferencia para enviar al Jurado Electoral Especial, o JEE).

Para ese momento, Fujimori contabilizaba 9 millones 075 mil 116 votos, mientras Sánchez movilizaba 9 millones 056 mil 638 respaldos. Aquella iba delante en el conteo por 18.478 papeletas.

En coherencia con el principio de transparencia, Juntos por el Perú presentó en la noche del sábado un recurso de nulidad sobre 294 mesas en Argentina. Ese día también anunciaron que pedirán la nulidad de 1.657 mesas de votación en Lima y de 652 en EE.UU.

Sus bases acompañaron el reclamo con movilizaciones en defensa del voto popular en la plaza San Martín, en el centro de Lima. Medios locales reportan que también hubo protestas en Chiclayo (norte), así como Arequipa, Puno y Ayacucho, todas al sur.

En paralelo, la campaña del progresismo convocó a sus bases a una colecta solidaria de fondos para defender la victoria popular y costear la impugnación, con el foco puesto en anular las actas de 2.400 mesas con patrones de votación calificados como muy anómalos. La aplicación del arancel obligatorio elevó el presupuesto total del trámite a casi un millón de dólares, dado el impedimento de revisar los sufragios por vías institucionales.

El viernes, Sánchez propuso a Fujimori pedir de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta, «sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde». Sin embargo, el partido de Fujimori, Fuerza Popular, rechazó la propuesta de su oponente.

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Esta estructura de cobros determina que una elección en el país se defina por la capacidad económica para costear los recursos legales. La imposibilidad de pagar las tasas electorales consolida los resultados observados en las mesas cuestionadas, limitando el derecho a la fiscalización del proceso.

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