La organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) presentó un informe revelador que pone al descubierto la profunda crisis de impunidad y el abandono estatal que enfrenta el Perú frente a la trata de personas. Según el estudio, entre los años 2023 y 2025, apenas el 2% de las denuncias por este delito culminaron en una sentencia condenatoria firme, dejando a la gran mayoría de las víctimas sin justicia.

Esta cifra del horror no es un fenómeno reciente, sino una constante histórica; desde el año 2012, el promedio de sentencias apenas alcanza el 4%. Para Ricardo Valdés, director ejecutivo de la organización, la inestabilidad política es el principal motor de esta parálisis. Con cinco presidentes y 17 ministros del Interior desde 2021, el Estado peruano ha sido incapaz de sostener una estrategia coherente contra el crimen organizado.

El informe destaca que la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030 enfrenta un retroceso crítico debido a un desfinanciamiento crónico. Mientras que la implementación de esta política requería una inversión estimada de 1.159 millones de soles, el Estado apenas destinó 11 millones de soles en 2023, lo que representa un ínfimo 0.005% del Presupuesto General de la República.

???? En #Perú ????????, pueblos indígenas de Camisea, denuncian abandono estatal y daños.

???? Comunidades indígenas en Perú, afectadas por el gasoducto de Camisea, denuncian graves daños a su salud y al medio ambiente. Acusan al Gobierno de un trato apático y centralista que busca… pic.twitter.com/ZhgUKf07rE

— teleSUR TV (@teleSURtv) March 18, 2026

«El Estado ha destinado apenas el 1% del monto requerido para combatir un delito de extrema complejidad», subraya el documento.

Esta carencia de recursos impacta directamente en la recuperación de los sobrevivientes. De los 17 servicios de atención y reintegración previstos por ley, solo 4 recibieron presupuesto específico. Asimismo, se alerta sobre la falta de albergues especializados para hombres y población LGTBIQ+, lo que profundiza la vulnerabilidad de estos grupos.

La criminalidad organizada no solo se expande en el territorio físico, sino que ha colonizado el espacio digital. CHS Alternativo detectó que, solo en 2024, unos 700.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) enfrentaron riesgos sexuales en internet.

Las redes criminales están utilizando herramientas avanzadas como inteligencia artificial, deepfakes y plataformas de videojuegos como Roblox para captar a menores mediante engaños.

Leyes que favorecen la impunidad

El panorama se agrava con el accionar del Congreso de la República, que ha emitido normas que debilitan la persecución penal. El informe denuncia que leyes como la 32108 y 32138, que modifican la definición de crimen organizado, y la 31751 (conocida como Ley Soto), que facilita el archivo de casos por prescripción, actúan como salvoconductos para los tratantes.

Ante la gravedad de la situación, la sociedad civil exige la restitución inmediata de la rendición de cuentas obligatoria ante el Pleno del Congreso y la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR). Este último es una deuda pendiente desde hace seis años que resulta vital para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en la protección de las víctimas.

????Pobladores de Urubamba, Cusco, convocan a paro contra proyecto minero

????Los pobladores de Urubamba, en el histórico Valle Sagrado de Los Incas en Cusco, Perú, han convocado a un paro los días 22 y 23 de marzo. La movilización busca rechazar la pretensión de instalar un… pic.twitter.com/FAmpkrshWF

— teleSUR TV (@teleSURtv) March 20, 2026

Asimismo, resulta urgente unificar los registros oficiales para eliminar la abismal brecha estadística actual. Es injustificable que, mientras las fiscalías especializadas (FISTRAP) registraron 2,692 víctimas en 2025, el Ministerio del Interior solo reporte 384, una falta de transparencia que invisibiliza la magnitud real del delito y obstaculiza el diseño de soluciones efectivas.

La trata de personas en el Perú, sigue encontrando en la indiferencia legislativa y el abandono financiero un aliado silencioso que vulnera la dignidad humana. Con un presupuesto que apenas roza el 0.005% de las arcas nacionales y un marco legal que debilita la persecución penal, el Estado no solo falla en proteger a sus ciudadanos, sino que deja al 98% de los casos sin justicia.

EN ESTA NOTA: