El Parlamento de España mostró su aprobación este martes para dar curso a la tramitación de una proposición de ley impulsada por los partidos Sumar, Podemos y BNG que prohíbe el comercio de armas y material de doble uso con Israel.

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La iniciativa, respaldada por el Partido Social Demócrata (PSOE), permitirá inspecciones en puertos y aeropuertos, respondiendo a denuncias internacionales por crímenes contra la humanidad. 

Además, la norma busca establecer un embargo total al comercio de armamento y material de doble uso con Israel, así como prohibir el tránsito de estos productos por España.

El texto ahora pasará a la Comisión de Defensa para debate y enmiendas, antes de su aprobación definitiva en el Pleno español.

La proposición modifica la ley 53/2007 sobre control de comercio exterior de material de defensa y doble uso y aplica a armamento, material policial y productos de doble uso, prohibiendo su venta, suministro, transferencia o exportación hacia estados denunciados por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra ante tribunales internacionales reconocidos por España.

También autoriza a la Secretaría de Estado de Comercio a inspeccionar cargamentos en puertos y aeropuertos, inmovilizando y destruyendo contenido prohibido si se detecta. Además, prohíbe la cooperación militar, incluyendo entrenamientos e intercambio de tecnología. 

La medida surge en un contexto de tensión diplomática tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez y la reacción de Israel, que convocó a la embajadora española por acusaciones de “estado genocida”.

Ante ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que “España no compra armas a Israel desde el 7 de octubre de 2023, y eso tiene que quedar muy claro”.

Sin embargo, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello señaló contradicciones, indicando que “los informes de la Secretaría de Estado de Comercio dan cuenta de estas transacciones” y que puertos españoles han servido de punto para el tránsito de material hacia Israel.

Medios locales indican que, de aprobarse la ley, se activarían automáticamente embargos contra estados con denuncias internacionales por crímenes graves, sin necesidad de decisiones gubernamentales adicionales.

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