Un grupo abogados panameños alertaron sobre excesos cometidos por agentes del orden durante la represión a las protestas contra la Ley 462 en la provincia de Bocas del Toro (oeste), la cual permanece bajo un régimen de emergencia que limita derechos y libertades fundamentales.

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De acuerdo con los testimonios recabados, desde el pasado 14 de junio, cuando se puso en marcha la denominada Operación Omega —que desplegó a más de 1.300 agentes de seguridad con el objetivo de reprimir las manifestaciones— se han registrado detenciones sin orden judicial y múltiples violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, uno de los abogados que participa en la defensa de los manifestantes, José Luis Santamaría —integrante de un equipo de unos 20 juristas que atienden estos casos—, advirtió que se desconoce la localización precisa de los arrestados, trasladados a por lo menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que dificulta su acceso a representación legal.

Mientras tanto, el Consejo de Gabinete decidió restablecer la aplicación del artículo 23 de la Constitución, que había sido suspendido para el resto del tiempo que dure el estado de sitio.

Esta medida ha sido criticada por expertos legales, quienes advierten que contradice tratados internacionales firmados por Panamá, además de vulnerar la propia Carta Magna.

El artículo establece que solo un juez competente puede determinar la legalidad de una detención y, de ser improcedente, ordenar la liberación inmediata de la persona privada de libertad. La disposición cobra aún más relevancia ante el aumento de arrestos irregulares, particularmente en el contexto de las protestas contra la controvertida Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

La abogada Lirieth Rodríguez denunció que al menos 70 ciudadanos detenidos en Changuinola fueron trasladados a la provincia de Veraguas, donde han sido objeto de abusos.

Rodríguez aseguró que varias personas fueron golpeadas, se les negó el acceso a alimentos y, en casos extremos, les dieron hasta perdigones para comer, además de sufrir agresiones físicas, psicológicas e incluso sexuales.

El informe legal redactado por los abogados señala que el Ministerio de Seguridad no ha ofrecido una explicación oficial con relación a las personas que permanecen arrestadas junto a delincuentes comunes, pese a que muchos no han recibido medidas cautelares.

El letrado Gonzalo Mocada subrayó la urgencia de conocer con precisión el paradero de todos los detenidos, señalando que “ninguna autoridad ha proporcionado información clara al respecto”.

Además, cuestionó la legalidad de suspender el derecho al habeas corpus y recordó que Panamá es firmante de convenios internacionales que prohíben esta práctica incluso durante estados de emergencia.

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Las autoridades panameñas argumentaron que los detenidos tendrían presuntos vínculos con agrupaciones criminales, acusación rechazada por los testimonios recabados por los abogados defensores.

Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó su rechazo al bloqueo de comunicaciones impuesto en Bocas del Toro, al considerar que dicha medida limita el ejercicio periodístico y priva a la ciudadanía de acceso a información veraz e independiente.

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Mediante su Programa de las Américas, el CPJ exhortó al Gobierno panameño a restituir cuanto antes las garantías constitucionales suspendidas y a poner fin a las campañas de desprestigio y amenazas de persecución penal contra comunicadores que cubren las manifestaciones.

Asimismo, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron un llamado a la comunidad internacional a respaldar al pueblo panameño frente a la profunda crisis económica, social, política y judicial que atraviesa el país.

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