Fernando Ábrego: “Queremos volver a las aulas, pero bajo condiciones de justicia social y respeto a nuestras garantías”.

La población panameña, especialmente los sectores populares, se mantiene firme en la defensa de la soberanía nacional y exige la derogación del acuerdo suscrito con Estados Unidos, la anulación de la Ley 462 del sistema de pensiones y el cese definitivo de los proyectos de minería a cielo abierto.

Entre tanto, en todo el país, miles de estudiantes permanecen sin clases, acumulando casi dos meses de interrupción en el calendario escolar.

El presidente panameño rechaza derogar la ley que reformó las pensiones y endurece su discurso contra docentes y sindicatos.

La decisión responde a la persecución registrada durante las protestas pacíficas que rechazan la Ley 462, la apertura de la mina de cobre en Donoso y la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

También rechazan la reapertura de la mina de cobre en Donoso y exigen la anulación del memorándum de entendimiento con EE.UU., lesivo a la soberanía nacional.

Cada vez más son los estudiantes trabajadores e indígenas que se revelan al régimen de Mulino y su escalada represiva.

El arresto de las líderes indígenas ha sido calificada como arbitraria y una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios.

Los gremios magisteriales de Panamá mantienen una huelga indefinida iniciada el 23 de abril en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), en un contexto de crecientes represalias gubernamentales.

Como primeras acciones, los gremios convocan a una gran marcha nacional el 28 de mayo de 2025, que partirá desde el Parque Porras hacia la Asamblea Nacional, donde se entregará un anteproyecto de derogatoria de la ley.