Desde hace un tiempo atrás sostenemos que existen tres categorías fundamentales para comprender la coyuntura peruana, sobre todo a partir de la victoria popular del maestro rural Pedro Castillo Terrones en las elecciones presidenciales de 2021. Ahora, en el año 2026, a propósito del aún no cerrado proceso electoral peruano, celebrado el 12 de abril, podemos corroborar que las categorías crisis, golpe y conflicto social siguen siendo vigentes para comprender la coyuntura nacional.

Convergencia de crisis

Cualquier interpretación de la realidad peruana que prescinda de atender la convergencia de crisis que viene sufriendo el Perú desde hace varios años está condenada al fracaso. La convergencia de crisis consiste en la coincidencia, con variantes de intensidades dependiendo de cada momento, de una crisis política (de ahí que el ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales sea acreedor de dicho puesto con el 17% de los votos), una crisis económica y social (agudizada desde el impacto del Covid-19 en el Perú, país que tuvo la mayor tasa de letalidad a nivel mundial), crisis ambiental (derrames de petróleo en la costa peruana, impacto ambiental de industrias extractivas en la Amazonía y el Fenómeno del Niño) y crisis cultural (el racismo desfachatado visibilizado a partir del triunfo del presidente Castillo en el 2021).

Los comicios recientes no solo ratifican la vigencia de la crisis sino su profundización en algunas dimensiones. La crisis política se ha agravado no solo por el inédito número de candidatos presidenciales (35) que figuraban en las cédulas de votación, sino también porque la crisis ahora se ha afincado en instituciones particulares, como es el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La renuncia del presidente de dicha entidad electoral, Piero Corvetto, a pesar de que el cargo es legalmente irrenunciable, a partir del hostigamiento de las fuerzas de la “nueva derecha” liderada por el candidato Rafael López Aliaga, plantea, de cara a la segunda vuelta electoral, un nuevo escenario. Lo que antes era una batalla entre el campo popular representado por Roberto Sánchez para defender la voluntad popular, sobre todo del llamado Perú profundo, ahora se configura como una disputa que aglutina a las fuerzas progresistas y de “centro” que desean defender el sistema institucional en crisis.

Por último, la reciente compra por parte de la Fuerza Aérea del Perú de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin por la suma de 3.500 millones de dólares estadounidenses, a pesar de la negativa expresada por el actual presidente del Perú José María Balcázar, aludiendo que dicha operación debería ser concretada por el presidente ganador de las elecciones 2026, agravan la crisis política. A vista de todos los peruanos, se dejó en claro que en el Perú no manda el presidente sino la embajada estadounidense y sus cuadros técnicos y políticos, en este caso los funcionarios del MEF.

Golpe

Ante la crisis estructural descrita, la respuesta de los grupos de poder, desde el 2021, es la misma: el golpe de Estado. Luego del golpe parlamentario del 7 de diciembre de 2022 contra el presidente Pedro Castillo, la estrategia golpista ha continuado.

Este año, a partir de los primeros resultados de las elecciones presidenciales, la consigna de fraude electoral ha vuelto a ser agitada por el partido Renovación Popular, liderado por el candidato Rafael López Aliaga, en vista que éste quedaría fuera de la segunda vuelta por decenas de miles de votos que le lleva por delante el candidato presidencial Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú. A la fecha, el saldo a favor de la estrategia golpista es la renuncia de Piero Corvetto, presidente de la ONPE, mientras que el saldo negativo es la denegatoria, por parte de la máxima autoridad electoral, de celebrar otras elecciones complementarias, tal como lo planteaba la demanda de la “nueva derecha” peruana.

El golpe, desde este modelo de análisis propuesto, consiste en identificar una acción concreta, producto de la disputa de clases en el Perú: la invalidación selectiva de la voluntad popular de un grupo masivo de peruanos, principalmente ubicados en territorios andinos y amazónicos, por parte de otro grupo concentrado de peruanos en la centralidad limeña.

En esta ocasión conviene resaltar dos aspectos de la estrategia golpista. Primero, esta vez la estrategia comenzó con la intervención organizada y tendenciosa de un poderoso canal de televisión (América, cuyo principal accionista es el grupo El Comercio) y la empresa encuestadora DATUM, quienes haciendo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades electorales divulgaron una encuesta, bajo la metodología conteo rápido, donde se ubica a López Aliaga en 2do lugar y a Roberto Sánchez en 5to lugar. Segundo, basado en el anterior aspecto, Rafael López Aliaga convocó a sus adherentes a movilizarse y denunciar el “fraude electoral”. Evidentemente, el objetivo de cancelar las elecciones o convocar nuevas elecciones son un pretexto para sostener una base movilizada en base a consignas racistas, cipayas y violentas, además de comenzar a labrar el camino de la judicialización de la política.

Conflicto Social

Así como los grupos dominantes responden a la crisis mediante el golpe de Estado, el pueblo peruano trabajador responde a ella sobre todo en su dimensión social, que es la que encaran en su cotidianidad. La coyuntura electoral se desenvuelve en torno a algunos puntos álgidos de la crisis social que conviene resaltar para explicar, también, algunos comportamientos en las urnas.

Por un lado, el contexto geopolítico mundial y el alza de del precio del combustible han impactado en millones de peruanos en el incremento del precio de los alimentos y transporte, por eso el movimiento estudiantil universitario comienza a volver a organizarse y movilizarse en distintos lugares del Perú, denunciando el incremento del pasaje estudiantil. Asimismo, este contexto global ha impactado en el incremento en 100% del precio de los fertilizantes, afectando directamente a más de 2 millones de campesinos peruanos de la agricultura familiar. Estos problemas son los que presentan mayores indicios de organización y movilización de distintos sectores gremiales, sociales y políticos.

Por otro lado, en el contexto nacional, la seguridad ciudadana sigue siendo una de las principales demandas, así como problemas sanitarios vinculados a la crisis del sistema de salud y el brote de enfermedades como la neumonía, sarampión y leptospirosis. Lamentablemente, estas demandas insatisfechas, a la fecha, no presentan visos de organización y movilización, salvo desde el sector de transporte, principales víctimas del crimen organizado, pero que no han tenido un impacto relevante.

En este punto, la soberanía nacional, cuestionada a partir de los intentos de privatización de PetroPerú, empresa estatal de hidrocarburos, y la compra de los aviones F16, plantea un importante elemento disruptor de la conciencia colectiva para dar el salto de la protesta o insatisfacción social a la disputa política de cara a la segunda vuelta electoral, a celebrarse en junio de este año entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

EN ESTA NOTA:

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