El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) publicó la acusación formal en contra de 10 funcionarios públicos del gobierno del estado de Sinaloa en México. La acusación se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York, el mismo distrito en donde son juzgados el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa y diputada Cilia Flores, el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y otros narcotraficantes
mexicanos. De igual forma, un caso similar se esgrime en contra del presidente Gustavo Petro en Colombia, a quien han acusado en reiteradas ocasiones de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico y actos de supuesta corrupción.

El caso de los 10 funcionarios mexicanos de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya de MORENA, toma estado público apenas días después de saberse que agentes de la CIA participaron clandestinamente, entre el 17 y 19 de abril, en un operativo antinarcóticos en el estado fronterizo de Chihuahua, en el marco de la renegociación del TMEC y de una operación mediática y de presión contra el gobierno de México.

Extraterritorialidad de la Ley

Como parte de la política exterior de EE.UU., la aplicación de su ley fuera de su territorio ha sido usada en contra de países que se alejan de la geopolítica estadounidense. El último caso es el del secuestro del presidente Nicolás Maduro, o la liberación por indulto presidencial de Trump de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras en el que el mismo Departamento de Justicia lo dejó en libertad y ahora se sabe que Israel negoció con EE.UU. para su liberación con el objetivo de ponerlo en la presidencia. El indulto a Hernández se dio apenas días antes del comicio presidencial que derivó en la victoria de Nasry Asfura, alineado con Trump, en un evidente acto injerencista que tuvo el objetivo de atacar la estabilidad hondureña y desacreditar al gobierno progresista liderado por Xiomara Castro, del partido Libre.

La extraterritorialidad de la ley aplicada por EE.UU. incluye, entre otras medidas: sanciones económicas, financieras, políticas y diplomáticas por supuestas vulneraciones a las normas del Derecho Internacional Público y/o el incumplimiento de tratados internacionales entre Estados. Uno de los ejemplos más acabados es el modo en que opera la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) para institucionalizar las medidas coercitivas (sanciones económicas)
unilaterales.

Junto con la extraterritorialidad de la ley está la designación de varios cárteles del narcotráfico como Organización Terrorista Extranjera (FTO en inglés), lo que habilita la narrativa del narcoterrorismo como amenaza a la seguridad nacional estadounidense y las invasiones militares bajo el argumento de la “aplicación de la ley” como sucedió en Venezuela.

En América Latina hay varios casos en los que se han acusado a expresidentes o políticos del espectro progresista como narcoterroristas. Destaca el de Evo Morales a quien tras el golpe de estado en 2019 se le acusó de narcoterrorista en 2020 por el gobierno de facto de Janine Añez. Actualmente está el caso de Gustavo Petro a quien vinculan con el narcotráfico. En el caso del presidente Nicolás Maduro el representante estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU Michael Waltz acusó a Maduro de “narcoterrorista ilegítimo”, pese a que el Departamento de Justicia cambió la sentencia en contra de Madura y desapareció al Cartel de los Soles, una creación que además contó con apoyo de medios de comunicación hegemónicos.

Demanda contra funcionarios de Sinaloa

Junto con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya se imputan cargos contra otros 9 funcionarios supuestamente vinculados al narcotráfico y en particular al Cartel de Sinaloa, uno de los cárteles designados como organización terrorista extranjera.

La base testimonial de la acusación formal son los narcotraficantes Joaquín y Ovidio Guzmán, así como el “jefe de plaza” del cartel de Sinaloa en Culiacán Isidro Pérez el Nini, quienes estarían bajo programa de testigo protegido para reducir su condena y obtener beneficios procesales.

En el caso del gobernador en funciones Rocha Moya se le acusa de haber ganado la elección en 2021 con ayuda del cártel de Sinaloa a cambio de protección en el estado. La única muestra -que ni alcanza el grado de prueba- que presenta la fiscalía de EE.UU. es una supuesta “nómina” en la que se detallan montos mensuales recibidos por funcionarios.

El gobernador Rocha Moya y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gómez, ambos señalados por el Departamento de Justicia, solicitaron licencia el 1° de mayo. Falta conocer el estatus del senador Enrique Inzunza Cazarez. Por su parte la Fiscalía General de la República ante la falta de pruebas contundentes para proceder con la detención provisional solicitada por EE.UU. Pidió a la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, más información. Este caso recuerda al sucedido en 2020 en contra del General Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y después enviado a México en donde se demostró que por los cargos imputados no había pruebas contundentes en su contra.

La muestra de la fiscalía recuerda, como en otros casos de lawfare, al caso “Cuadernos” en Argentina, una causa judicial en la que un testigo protegido supuestamente escribió en un cuaderno lo que recordaba que había escuchado que aparentemente empresarios le pagaron a miembros del gobierno de Cristina Fernández. O la libreta de una funcionaria cercana a Rafael Correa en Ecuador, que escribió de memoria, en un viaje de una hora, todos los supuestos actos de corrupción con sumas al detalle, incluyendo céntimos. Precisamente las delaciones premiadas o la figura del “arrepentido” son componentes de la mayor parte de los casos de lawfare en la región.

Un dato no menor es que con la presentación pública de la información por parte de la fiscalía de EEUU y la publicación de la solicitud de detención provisional con fines de extradición se quebraron tratados vigentes a nivel internacional en donde se establece “la confidencialidad de la información”. Por esa razón, el gobierno de México envío un extrañamiento a la embajada de EE.UU. Y además implica la violación al debido proceso, otro rasgo más de los casos de lawfare en América Latina, por lo que este caso, muestra un claro interés político y de máxima presión contra México.

La lista de imputados:

Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cazarez: Senador de la República

Enrique Díaz Vega: ex secretario de Finanzas de Sinaloa.

Damaso Castro Saavedra: vicefiscal de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras Nuñez: ex jefe de la PDI de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez: ex secretario de Seguridad de Sinaloa.

José Antonio Dionisio Hipolito: ex comandante de la Policía sinaloense.

Juan de Dios Gamez Mendivil: Alcalde de Culiacán.

Juan Valenzuela Millán: ex policía. 

Contra México se aplica el mismo relato que en Colombia, Bolivia, Venezuela o Ecuador: la supuesta lucha contra el narcotráfico y la corrupción justifica intervenciones contra países que ponen por delante la soberanía y un modelo de bienestar diferente al neoliberal. Como hemos descrito en el Observatorio Lawfare, el “narcolawfare” es una etiqueta sumamente peligrosa que forma parte de una estrategia multidimensional que busca deslegitimar proyectos soberanos y aplicar la extraterritorialidad de la ley estadounidense, incluyendo las intervenciones militares u operaciones de desestabilización, combinado con un discurso securitario y un uso excepcional del poder y la violación del derecho internacional. Como en Colombia, este tipo de causas judiciales llega en momentos electorales para incidir en la percepción de la población y lograr un cambio en las futuras elecciones de 2027 y en la revisión del TMEC.

EN ESTA NOTA:

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