En Génova, los portuarios cerraron un acceso del puerto contra el tráfico de armas. En Alemania, los jóvenes marcharon contra la conscripción. En Francia, el Senado votó cobrarles a las familias los destrozos de cada protesta. La economía de guerra europea empezó a encontrar brazos que se niegan a sostenerla.

En la mañana del 30 de octubre, los trabajadores del Colectivo autónomo de portuarios de Génova bloquearon el acceso de vía Albertazzi. Al rato llegó la columna de estudiantes y las dos marchas se fundieron al grito de “Noi la guerra non la paghiamo”: nosotros la guerra no la pagamos. Un sindicalista del puerto resumió la razón del paro: los portuarios ya no quieren ser cómplices del rearme que atraviesa sus muelles, ni pagarlo con salarios bajos, alquileres e hipotecas.

Del aula al puerto

Durante septiembre y octubre, la protesta europea tuvo cara de adolescente: liceos bloqueados en Francia, aulas ocupadas en Turín, carpas en Lisboa y en Atenas. El 30 de octubre se sumaron los que mueven la carga. El sindicato de base USB convocó una huelga general en Italia el mismo día en que los portuarios paraban, a escala internacional, contra la guerra y el tráfico de armas. Según los organizadores, la jornada portuaria reunió diez países, once sindicatos y más de cincuenta puertos. En las calles italianas, las autoridades contaron más de cien mil jóvenes.

Un puerto es la garganta de la economía de guerra. Por sus grúas pasan los proyectiles, los repuestos y los contenedores que ningún debate parlamentario nombra. Cuando un estudiante deja el aula, el ministerio pierde un día de clase. Cuando un portuario suelta la grúa, el rearme pierde un eslabón de su cadena de suministro.

Por eso el gobierno de Giorgia Meloni se movió antes que los huelguistas: el 27 de octubre, el ministro Matteo Salvini firmó una orden de servicio obligatorio para el transporte. El sindicato respondió parando también contra la ley 146 de 1990, que regula la huelga en los servicios públicos esenciales con límites que, según denuncia, vacían ese derecho. El Estado que pide sacrificios para el frente empieza por recortar la herramienta con la que se podría negar a darlos.

La regla que solo se dobla para las armas

Alemania exhibe el mecanismo con más nitidez que nadie. El proyecto de presupuesto 2027 lleva el gasto del Ministerio de Defensa a 109.700 millones de euros, y en la planificación hasta 2030 casi todo el aumento del gasto federal corresponde a la defensa. Del otro lado de la balanza, los jardines de infantes tendrán mil millones menos.

El país que durante una década exigió disciplina fiscal a sus vecinos del sur cambió sus propias reglas a tiempo: desde una reforma de 2025, el gasto en defensa y seguridad solo cuenta para el freno de deuda hasta el uno por ciento del PBI. La austeridad sigue vigente para la guardería y queda suspendida para el cuartel. El ajuste tiene excepciones, y todas visten uniforme.

Al presupuesto se suma el reclutamiento. Si el nuevo servicio militar no consigue suficientes voluntarios, el Bundestag puede decidir que sea obligatorio. El 25 de septiembre, la iniciativa Huelga Escolar contra la Conscripción sacó a la calle a más de 45.000 participantes, según sus organizadores.

El 31 de octubre llegó una convocatoria más amplia. La iniciativa “Gen Z regelt” marchó en más de treinta ciudades con un programa corto: dinero para escuelas, asistencia en adicciones y psicoterapia en lugar de recortes, una vida que se pueda pagar y el rechazo a la conscripción. Casi 180.000 personas se habían anotado, y a la calle llegó una fracción de esa cifra. La policía contó unas ocho mil en Frankfurt, el número más alto entre las grandes ciudades. La distancia entre la adhesión en las redes y la presencia en la calle muestra un movimiento en formación, todavía lejos de la escala francesa.

La víspera, Cartier en la Königsallee de Düsseldorf, Rolex en la Kurfürstendamm de Berlín y Burberry en Hamburgo cubrieron sus vidrieras con placas de madera. Un Estado que suma un tercio a su presupuesto militar en un solo año dejó que sus avenidas más caras se blindaran con tablas de obra ante adolescentes que pedían aulas y psicoterapia. La madera clavada sobre los relojes dibujó el mapa de lo que ese orden considera amenaza.

El enemigo también estaba escrito antes de la primera marcha. La jefa de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, advirtió que los manifestantes podían ser copados por el medio de extrema izquierda e islamista, y la inteligencia interna vigiló las redes de la convocatoria en busca de llamados a la violencia. El rearme necesita un enemigo exterior para justificar el presupuesto y uno interior para justificar a la policía. Cuando el joven que protesta es hijo de inmigrantes, los dos enemigos se superponen en la misma cara.

La factura

Francia mostró el paso siguiente. En la noche del 27 al 28 de octubre, el Senado aprobó con dos tercios de los votos la ley llamada “casseurs-payeurs”: los que rompen, pagan. El texto permite al Estado reclamar hasta 10.000 euros a quienes hayan participado en una concentración con destrozos, aunque no sean responsables directos del daño. Si son menores, la factura llega a los padres. El proyecto también habilita a descontar esas sumas de las prestaciones sociales, y castiga con un año de prisión a quien se tape la cara en una manifestación. Reagrupamiento Nacional intentó triplicar el tope. La ley pasa ahora a la Asamblea Nacional, donde su trámite se anuncia incierto, y la CFDT y la CGT ya la denunciaron como un ataque al derecho a manifestar.

Cobrar la multa sobre la asistencia social cierra el circuito. El Estado recorta la escuela para financiar el ejército, el hijo sale a reclamar la escuela, y el Estado retiene la ayuda con la que come su familia. La política social, creada para proteger a los más pobres, pasa a funcionar como garantía de su obediencia.
La ley cumple una función precisa dentro del modelo. Si el rearme se financia con recortes que ya se saben impopulares, la protesta que esos recortes provocan tiene que volverse cara, y la multa asegura que el ajuste se cobre aunque la calle lo rechace.

Lo que se junta

Durante semanas, los gobiernos europeos apostaron a que la protesta quedara encerrada en los liceos. Noviembre trae otro calendario. El 5, las principales centrales francesas paran, y por primera vez se suman todos los sindicatos de la enseñanza privada El 11, España tendrá su primera huelga general respaldada en conjunto por CCOO y UGT desde 2012, por la vivienda y los salarios. Llega a menos de tres semanas de las elecciones generales.

En Génova, esa suma ya tuvo forma: la columna de estudiantes y la de los portuarios marcharon detrás de la misma consigna. Cuando quien reclama una escuela camina al lado de quien puede detener un barco, el reclamo deja de pedir recursos y empieza a discutir para qué se usan.

Esa discusión lleva a Washington. En la cumbre de la OTAN de 2025, los aliados acordaron llevar el gasto en defensa al cinco por ciento del PBI hacia 2035, en respuesta a la presión de Estados Unidos. Cada punto de PBI que se va al cuartel sale de un aula, de una guardería o de un salario, y entra como contrato en la industria de armamento.

Europa dice que se arma para depender menos de Estados Unidos, y compra allí la mayor parte de sus armas. Según el instituto sueco SIPRI, casi dos de cada tres armas que importaron los países europeos de la OTAN entre 2020 y 2024 se fabricaron en Estados Unidos. Cuanto más gasta Europa en su independencia militar, más contratos firma con la industria estadounidense.

Europa paga su supuesta independencia con contratos que fortalecen a la industria de la que dice querer independizarse.

Ese circuito obedece a una lógica de ganancia. Un arma es una mercancía con comprador garantizado: el Estado la encarga con años de anticipación, la paga con impuestos y vuelve a comprarla cuando se gasta o se destruye. Rheinmetall acumula pedidos equivalentes a casi siete años de ventas, una rentabilidad asegurada que ninguna industria civil tiene. Para Estados Unidos, el negocio pesa todavía más.

Según SIPRI, concentra el 43 por ciento de las exportaciones mundiales de armas, y por primera vez en dos décadas Europa se convirtió en su principal mercado. Washington perdió hace más de una década el primer lugar en la producción industrial frente a China. En las armas conserva la supremacía, y el rearme europeo le garantiza el cliente que necesita para sostenerla.

El mismo tablero

La Argentina entra en esa cadena por la puerta de atrás. En abril de 2024, mientras Dinamarca renovaba su flota con cazas F-35 de la estadounidense Lockheed Martin, el gobierno de Javier Milei le compró 24 F-16 usados, fabricados por la misma empresa. Esos aviones tienen casi cuarenta años. Washington autorizó la venta y aportó el crédito. Europa renueva su arsenal en Estados Unidos y la periferia compra lo que el centro descarta, con financiamiento del mismo proveedor.

Ese mismo mes, el ministro de Defensa, Luis Petri, entregó en Bruselas la carta con la que la Argentina pidió ser socio global de la OTAN, una alianza que integra el Reino Unido mientras ocupa Malvinas. El Presupuesto 2027 traduce esa elección en partidas: menos universidad, más Defensa e inteligencia. La periferia paga dos veces el rearme del centro: con los fondos que le quita a su desarrollo y con la soberanía que cede al sumarse a un bloque que fija sus metas en Washington.

La otra contabilidad

Desde el Sur, la misma cuenta se lee de otro modo. En la cumbre de los BRICS de julio de 2025, en Río de Janeiro, Lula da Silva comparó la meta de la OTAN con el 0,7 por ciento del PBI que los países ricos prometieron para la ayuda al desarrollo y en su mayoría incumplen. Su conclusión fue que los recursos existen y faltan por una cuestión de prioridad política. Ese bloque, al que la Argentina le dio la espalda, reúne a las economías que hoy disputan el orden que la OTAN pretende sostener.

Al darle la espalda, la Argentina se la dio a sus propios compradores: Brasil, China e India están entre los principales destinos de sus exportaciones. Y renunció a un banco que, según su presidenta, Dilma Rousseff, no condiciona sus préstamos a que el país privatice sus empresas.

La economía de guerra europea se planificó en cumbres, con metas a diez años. Le faltaba una variable que ningún ministerio de Defensa controla: la mano del que carga. El 30 de octubre, en más de cincuenta puertos, esa mano se abrió, y por primera vez en este otoño la retaguardia dejó de esperar órdenes.

EN ESTA NOTA:

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