Estudios de opinión realizados tras la agresión armada de los EE.UU. contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, revelaron que la población estadounidense mantiene una postura crítica y dividida frente a las acciones de la Administración de Donald Trump.

Un estudio del diario The Washington Post arrojó que el 63% de los ciudadanos considera que una operación de tal magnitud, ordenada por Trump, debió contar con la aprobación previa del Congreso, cuestionando la ilegalidad del asalto. Asimismo, el respeto a la soberanía de otros Estados se configura como un sentimiento mayoritario, ya que el 94% de los encuestados aseguró que corresponde únicamente a los venezolanos decidir quién debe liderar su país.

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Por otro lado, el 72% de los consultados teme que Estados Unidos termine involucrado en un conflicto prolongado y profundo en territorio venezolano, evidenciando el miedo a una nueva escalada bélica sin salida ante la reticencia de la Administración Trump de retomar el diálogo político y diplomático y tratar a Venezuela con respeto.

Una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada entre el 4 y 5 de enero, mostró que a pesar del despliegue político y mediático para criminalizar sin pruebas al presidente Maduro un 34% de los sondeados rechaza su secuestro y otro 33% manifiesta incertidumbre. El acto ilegal y contrario al derecho internacional fue apoyado por el 33% de los consultados.

Sondeos previos, realizados en diciembre pasado por Quinnipiac y AP-NORC, indicaron que 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a una acción militar, y prefieren que el Gobierno concentre sus esfuerzos en resolver crisis internas como la salud y la economía.

El presidente de #Venezuela???????? Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores se declaran prisioneros de guerra en la audiencia de presentación en una corte de #EEUU????????. pic.twitter.com/jrgEXpfEvA

— teleSUR TV (@teleSURtv) January 6, 2026

El rechazo y la duda de la opinión pública estadounidense en este inicio de 2026 ponen en evidencia el aislamiento de la política guerrerista de Trump, incluso dentro de sus propias fronteras. Aunque la Casa Blanca intenta vender el secuestro del presidente Maduro como un acto de justicia, la mayoría de los ciudadanos percibe que esta aventura militar es una distracción peligrosa de los graves problemas sociales que enfrenta su país.

Mientras, masivas movilizaciones se realizaron frente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para denunciar el ilegal secuestro del presidente Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Los manifestantes, movilizados en las horas previas a la comparecencia forzosa del mandatario, calificaron el proceso judicial como una fachada jurídica que busca encubrir una agresión bélica orientada al saqueo de los recursos naturales de Venezuela.

Entre consignas que reivindicaron la soberanía de América Latina, los movimientos sociales denunciaron que la Administración Trump ejecutó un acto criminal al invadir un país soberano, violando la inmunidad diplomática y la Carta de las Naciones Unidas.

Estas acciones de protesta en territorio estadounidense se suman a las concentraciones registradas durante el fin de semana en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde el líder bolivariano y su esposa permanecen recluido en condiciones de aislamiento tras su secuestro el pasado 3 de enero.

Mientras en las calles de Nueva York se exige el fin del atropello al derecho internacional, en Venezuela la institucionalidad permanece vigente bajo el mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, conforme a la Constitución de 1999.

Manifestantes estadounidenses recalcaron que esta agresión de la Casa Blanca evoca los capítulos más oscuros del imperialismo, como la invasión a Panamá en 1989. Asimismo, alertaron que politizó el narcotráfico para intentar justificar un crimen de guerra y una ocupación militar en la región.

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