Este martes la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación de un grupo de migrantes venezolanos que, tras ser deportados desde Estados Unidos a El Salvador, se encuentran en una situación de «completa incertidumbre» sobre su paradero y condiciones.  

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La preocupación fue dada a conocer por la portavoz del organismo internacional, Liz Throssell, quien indicó que esta situación se ajusta a la definición de desaparición forzada según el Derecho Internacional Humanitario.

Según datos oficiales estadounidenses citados por la portavoz, el paradero de al menos 250 venezolanos expulsados a El Salvador sigue sin esclarecerse.

La inquietud del organismo internacional se justifica porque «no se sabe lo ocurrido a esas personas y con las violaciones de los derechos humanos que se teme pueden estar ocurriendo en el centro de detención salvadoreño al que son enviados los deportados».

Algunos familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU manifestaron su angustia por no saber dónde ni en qué circunstancias se encuentran sus seres queridos.

Hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara.

Según datos oficiales estadounidenses citados por la portavoz de la ONU, entre el 20 de enero y el 29 de abril, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos a distintas partes del mundo.

Muchos de ellos fueron deportados en virtud de la llamada «Ley de Enemigos Extranjeros», siendo señalados como presuntos miembros de grupos criminales, por lo que el organismo supone que están detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador.

La información obtenida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, a través de familiares y abogados que han proporcionado datos sobre más de cien venezolanos detenidos en el Cecot, sugiere que en estas instalaciones los detenidos reciben un «trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o de sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior».

Asimismo, la información recopilada indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del Gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado, y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados.

En esta situación, la ONU subraya que varios derechos fundamentales están en cuestión, incluyendo el derecho a recibir garantías procesales, el derecho a la protección frente a la detención arbitraria, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección contra la tortura.

Cabe destacar que aún hay diferencias dentro de la comunicación de la propia ONU, porque este martes el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela publicó un comunicado señalando una actitud «parcializada y cobarde del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, frente a las graves violaciones cometidas contra ciudadanos venezolanos en el exterior».

Desde la cancillería venezolana señalan que “el Alto Comisionado ha guardado un silencio cómplice” al no exigir la liberación ni pronunciarse con claridad sobre el secuestro de más de 250 venezolanos en El Salvador, trasladados a centros de detención inhumanos.

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