Una serie de ataques coordinados a gran escala sacudió este sábado la provincia de Baluchistán, al sur de Pakistán, dejando un saldo preliminar de 88 fallecidos. La ofensiva, lanzada por grupos insurgentes contra diversos objetivos estratégicos, desencadenó una respuesta inmediata del Ejército paquistaní. Entre las víctimas se contabilizan diez agentes de seguridad, once civiles y decenas de combatientes separatistas abatidos.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) se adjudicó la autoría de esta incursión masiva, denominada «Operación Herof». Los ataques golpearon simultáneamente puestos de control y edificios gubernamentales en 14 ciudades de la región. Mientras el Gobierno confirma la neutralización de 67 insurgentes, los portavoces de la insurgencia aseguran que las bajas estatales son superiores a las cifras admitidas.

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Uno de los hechos más graves ocurrió en la ciudad portuaria de Gwadar, donde las autoridades confirmaron la ejecución de 11 civiles de etnia baluche. Entre los fallecidos se encuentran familias de jornaleros, incluyendo cinco hombres, tres mujeres y tres niños. El Ejecutivo condenó este acto de violencia contra la población, acusando a los grupos armados de sembrar el terror para desestabilizar la zona.

En el plano militar, Islamabad intensificó su contraofensiva, reportando un total de 108 insurgentes abatidos en las últimas 48 horas. Sin embargo, el BLA emitió un comunicado asegurando que mantiene bajo su custodia a 18 soldados capturados con vida. Esta afirmación aún no fue verificada de forma independiente, lo que refleja la confusión y el caos que impera en los frentes de combate.

El estamento militar de Pakistán vinculó esta ola de violencia con intereses extranjeros, calificando a los atacantes como parte de una «sedición» financiada externamente. Las autoridades denuncian que estos grupos buscan boicotear proyectos de desarrollo estratégicos en Baluchistán. Esta narrativa refuerza la tensión geopolítica que históricamente marca a la región fronteriza y sus recursos.

La situación en el sur del país permanece en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia. Los operativos de rastreo continúan en las 14 localidades afectadas para garantizar el control territorial total. El Gobierno paquistaní reafirmó su determinación de erradicar la insurgencia, mientras organismos de derechos humanos alertan sobre el impacto de los combates en los civiles.

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