La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió el jueves 27 de agosto un paquete de ocho nuevas licencias generales dirigidas a flexibilizar las operaciones comerciales, logísticas e inversiones extranjeras en los sectores de hidrocarburos, minería y telecomunicaciones de Venezuela.

​La actualización normativa permite desahogar transacciones financieras y operativas que se encontraban restringidas dentro del esquema de sanciones, consolidando un marco jurídico diseñado para dinamizar actividades estratégicas en el país.

​El conjunto de instrumentos actualizados por el Gobierno estadounidense autoriza transacciones específicas relacionadas con productos petrolíferos o petroquímicos de origen venezolano, favoreciendo la reactivación paulatina de campos industriales estratégicos.

Asimismo, permite la venta y comercialización de diluyentes de origen estadounidense hacia territorio venezolano, insumo clave para el procesamiento de crudo pesado.

Asimismo, autoriza el suministro de determinados artículos y servicios requeridos en la República, así como avala transacciones vinculadas a operaciones del sector petrolero y gasífero por parte de entidades específicas.

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Igualmente, permite las actividades comerciales e industriales relacionadas con minerales de origen venezolano, incluyendo la extracción aurífera bajo controles de infraestructura crítica; al igual que ciertas transacciones financieras y operativas que involucren directamente a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Finalmente, concede la provisión de bienes y servicios destinados al soporte de operaciones mineras en el país, y facilita el suministro de insumos, equipos y servicios orientados a la infraestructura de telecomunicaciones.

​Oxígeno para el sector productivo y avance diplomático

​La flexibilización de estas normativas refleja el avance en el relacionamiento y las gestiones diplomáticas entre las autoridades de Caracas y Washington. 

Con estas medidas, se busca oxigenar la inserción de la oferta energética y minera venezolana en los mercados externos, facilitando la llegada de suministros operativos esenciales para la capacidad instalada nacional.

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