El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó este jueves cualquier negociación con los sindicatos y sectores sociales que cumplen más de 50 días en huelga, y se negó tajantemente a derogar o modificar la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones y desató una ola de protestas a nivel nacional.

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«Alguien se aburrirá de marchar y de no recibir sueldo, porque no se les va a pagar», declaró el mandatario, endureciendo el tono contra el movimiento liderado por gremios magisteriales, sindicatos y pueblos originarios, que desde el 23 de abril exigen la anulación de la norma.

Mulino también dejó claro que no refrendará cambios a la ley, aun si la Asamblea Nacional aprueba reformas para destrabar el conflicto. “No importa los esfuerzos que quieran hacer a través de la Asamblea (…) no la voy a refrendar. Hagan lo que quieran hacer ahí”, sentenció en modo impositivo.

Para el Gobierno panameño, la Ley 462 constituye un «avance» en materia de seguridad social y sostenibilidad fiscal. Según Mulino, su aprobación ha sido bien recibida tanto en el país como por la comunidad internacional, hecho que carece de evidencia. El mandatario acusó a los sectores movilizados de ser “grupos minoritarios” que, a su juicio, intentan imponer “caprichos” a la mayoría.

Respecto al paro docente, el presidente exigió la reanudación inmediata de las clases y advirtió que habrá sanciones por los perjuicios causados a la educación. “Tienen dos caminos: seguir sin cobrar —a lo mejor alguien los está financiando— o volver a las aulas”, dijo en su ya habitual tono desafiante.

La firme postura del Ejecutivo llega en medio de llamados al diálogo formulados por la Iglesia Católica, el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores sociales. No obstante, el mandatario ha respondido con acciones de fuerza: desde el sábado 14, unos 1.500 efectivos de seguridad realizan operativos en Bocas del Toro para reabrir caminos bloqueados por los huelguistas. Según el Ministerio de Seguridad, hasta el miércoles se habían liberado 22 vías, aunque otras tantas permanecen cerradas.

En paralelo, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a las organizaciones movilizadas, ratificó su decisión de continuar la huelga hasta lograr sus demandas de justicia. Entre ellas, se incluye también el rechazo al acuerdo militar entre Panamá y Estados Unidos para el despliegue de tropas con el argumento de proteger el Canal ante «supuestas amenazas chinas».

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