A través de un manifiesto titulado «Unidos por Ecuador», un amplio grupo de intelectuales, líderes indígenas y referentes políticos llamó a la población a defender la soberanía y la dignidad nacional ante el deterioro social que atraviesa el país suramericano.

El documento denuncia que la nación padece el desmantelamiento del Estado, el aumento de precios en productos básicos y la pérdida de derechos fundamentales. Los firmantes señalan que el actual escenario de inseguridad y desabastecimiento de medicinas es producto de la indolencia y el autoritarismo, factores que buscan apagar la esperanza del pueblo ecuatoriano.

????La situación es crítica.

Hoy, en medio de una profunda crisis sanitaria, se despide personal de salud, dejando al sistema aún más debilitado.

Menos médicos, menos atención, más riesgo para la gente.

Ecuador no puede permitirse esto. La salud no es un gasto, es un… pic.twitter.com/x4RUdH7S8h

— NANKI SAANT ???????? (@nankisaant) April 16, 2026

El comunicado oficial, respaldado por figuras como Carlos Rabascall, Gabriela Rivadeneira y Humberto Cholango, insta a los ciudadanos dentro y fuera del territorio a dejar de lado las diferencias particulares para priorizar la libertad y el destino de la patria.

El texto subraya que Ecuador es heredero de una tradición de lucha que sabe decir basta cuando la dignidad es vulnerada, rechazando la corrupción y el abuso de poder.

Para los suscriptores del documento, este no es momento de indiferencia, sino de valentía para recuperar el camino de la democracia popular y la justicia social. El manifiesto resalta la importancia de la unidad frente a las estrategias de división que intentan mantener a la población temerosa y resignada.

Con el lema #UNIDOSXEC, la convocatoria reafirma el compromiso de las fuerzas progresistas con la defensa del bienestar colectivo, asegurando que la protección de la soberanía nacional es un deber superior que une a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana.

Este comunicado se emite en un contexto donde el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta una crisis institucional tras la presentación de más de 30 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Juristas, organizaciones sociales y autoridades locales denuncian que el paquete de reformas económicas vulnera derechos colectivos y la autonomía financiera de las regiones.

La ofensiva legal se concentra en leyes calificadas como herramientas del modelo neoliberal, las cuales el Ejecutivo tramitó bajo la figura de urgencia económica para acelerar su implementación en sectores estratégicos como el minero y el energético.

⭕ [COMUNICADO]

Desde este 12 de abril, la gasolina supera los $3 por galón y con eso sube todo. Decisiones del gobierno de Daniel Noboa, alineadas con el Fondo Monetario Internacional, siguen encareciendo la vida sin proteger a la gente.#CONAIE pic.twitter.com/ras7PWFEDJ

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) April 12, 2026

Entre las normativas más cuestionadas se encuentra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), la cual es vista como una imposición de sanciones drásticas contra los municipios que no cumplan con la nueva regla de inversión, con multas que alcanzan el 3% del presupuesto anual.

En el caso de ciudades como Quito, esta penalización superaría los 11 millones de dólares, restando recursos vitales para la ejecución de proyectos locales. Estas modificaciones bajo la premisa de optimizar el manejo del presupuesto nacional, genera debates sobre la autonomía financiera de las regiones en ese sentido los Gobiernos locales la califican como una agresión a la descentralización de recursos.

Asimismo, la Ley para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal recibió impugnaciones desde su origen, con base en que esta normativa prioriza los intereses del capital sobre los derechos de la clase trabajadora y los sectores vulnerables. Además los colectivos ambientales omiten los procesos de consulta previa en territorios afectados por la actividad extractiva.

La Ley de Eficiencia Económica también acumula múltiples quejas por irregularidades en materia tributaria, sumándose a la Ley de Integridad Pública que ya recibió una declaración de inconstitucionalidad parcial.

Por estas medidas neoliberales, los demandantes aseguran que la Administración actual busca desmantelar el Estado y las protecciones sociales para favorecer intereses corporativos privados, ignorando los mandatos de la Carta Magna ecuatoriana.

Ante esto, expertos constitucionalistas coinciden en que este volumen de acciones legales refleja un rechazo popular sin precedentes y evidencia falencias técnicas en la elaboración de los textos legales. Por su parte la Corte Constitucional emitirá los fallos que definirán la vigencia de estas medidas, determinando si el proyecto económico de Noboa puede sostenerse ante los reclamos de soberanía y justicia social.

EN ESTA NOTA: