El presidente argentino, Javier Milei, desató polémica tras lanzar un violento comentario contra quienes se oponen a su Gobierno. Durante una entrevista televisiva efectuada la noche del lunes tres de agosto de 2026, el gobernante ultraderechista calificó de terroristas a los estudiantes, profesores, periodistas e investigadores de la República Argentina, repitiendo la retórica que empleó el dictador Jorge Rafael Videla para perseguir a la izquierda en 2010.

«Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores», aseveró el líder de La Libertad Avanza, criminalizando la protesta y la actividad científica de la nación austral bajo su polémica administración neoliberal.

En su discurso, el presidente argentino arremetió contra la izquierda y vinculó la influencia de Antonio Gramsci con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que la estrategia de tomar medios, cultura y Estado pasó a una etapa 2.0 donde se introducen como estudiantes, profesores e investigadores.

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Esta imputación coincide textualmente con los argumentos esgrimidos en junio de 2010 por el dictador militar Jorge Rafael Videla en su alegato ante los tribunales de derechos humanos. En aquel proceso penal, el genocida de la dictadura argentina afirmó que el kirchnerismo supuestamente empleaba métodos gramscianos sin violencia para instaurar un régimen marxista y tomar de rehenes las instituciones públicas, agregando que el pensador italiano podía estar satisfecho de sus alumnos mientras la Constitución guardaba luto por la república desaparecida.

En su comparecencia de 2010, Videla defendió el accionar del Estado represor asumiendo responsabilidades castrenses por su supuesta guerra contra el terrorismo. Tras declarar que habían ganado el conflicto militar pero que no supieron afirmar la historia políticamente, el militar condenado denunció un terrorismo judicial en su contra por parte de jueces a quienes no consideraba naturales, un patrón autoritario que el actual presidente de la República Argentina emula hoy para deslegitimar los reclamos sociales.

El uso de esta misma narrativa por parte del actual presidente reaviva la lógica represiva de la dictadura para estigmatizar la disidencia y justificar los ataques hacia los sectores educativos y comunicacionales del país.

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El presidente de la República Argentina también descalificó la presentación judicial de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las irregularidades y la persecución política en la causa Vialidad. Tras referirse a la líder peronista de forma denigrante como presidiaria y ladrona, el jefe de Estado sentenció que las apelaciones internacionales le importan un rábano.

Esta agresión verbal hacia la principal figura de la oposición constitucional expone la falta de garantías institucionales en el país austral y la nula disposición de las autoridades nacionales al control democrático y de derechos humanos.

En el ámbito de la integración regional, el gobernante argentino arremetió contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de ladrón y de presidiario liberado por un recurso administrativo. Sin aportar ninguna prueba de sus dichos, Milei afirmó que el mandatario del Partido de los Trabajadores financió una campaña electoral en su contra coordinada de forma directa con el Partido Demócrata de los Estados Unidos.

Estas acusaciones infundadas dañan las relaciones diplomáticas bilaterales en América del Sur, mientras la sociedad argentina demanda respuestas efectivas contra la inflación, el desempleo y un deterioro institucional sin precedentes históricos cercanos.

Esta polémica declaración motivó el inmediato rechazo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien denunció que la Casa Rosada extorsiona a los Gobiernos regionales para imponer sus reformas. Kicillof recordó que, tras 30 meses de gestión neoliberal, la producción y el consumo interno se desplomaron, provocando la pérdida de 300.000 puestos de trabajo y el cierre de 26.000 empresas mediante una primarización económica que solo favorece a minorías primarias.

El jefe de Estado argentino desestimó la advertencia sobre la morosidad familiar —que ya supera los índices de la crisis de 2001— y acusó al gobernador bonaerense de comunista, asegurando que Buenos Aires y La Rioja no crecen por rechazar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La crisis de la economía de Argentina se profundiza por el severo ajuste fiscal implementado por el Gobierno de la extrema derecha nacional.

En paralelo, la desaprobación de la gestión del presidente argentino Javier Milei escaló al 64,8 por ciento, mientras que su nivel de aprobación cayó al 32,2 por ciento, reflejando una pérdida de respaldo que alcanza incluso a votantes de su propia coalición.

De acuerdo con un estudio nacional de las consultoras Alaska y Trespuntozero, el 76,8 por ciento de la población califica la situación económica actual como una crisis, y un 63,7 por ciento señala al Gobierno de Milei como el principal responsable del deterioro, superando ampliamente a quienes lo atribuyen a administraciones anteriores.

El descontento popular se profundiza por el impacto cotidiano de la crisis en los sectores sociales, pues dos de cada tres personas consumen sus ingresos antes del día 20 del mes.

Datos del Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora señalan que un 87,4 por ciento de la población percibe que sus salarios pierden capacidad de compra frente a la inflación, obligando al 61,9 por ciento a endeudarse para cubrir alimentos y servicios básicos.

En este escenario, dirigentes opositores encabezan las valoraciones positivas, mientras la ciudadanía rechaza la continuidad del ajuste oficialista.

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