El fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, renunció este lunes 27 de abril a su cargo, ante la incursión no autorizada de agentes estadounidenses que participaron entre el 17 y 19 de abril en un operativo antidrogas en El Pinal, Morelos.

Durante el operativo fallecieron 4 personas, incluidos dos presuntos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos ciudadanos mexicanos. La dimisión se produce en medio de un escándalo de soberanía nacional.

Jáuregui Moreno admitió en una conferencia de prensa que la información inicial compartida sobre el caso fue inconsistente y que existieron fallas graves en los mecanismos de control, comunicación y gestión institucional de la Fiscalía estatal.

El ahora exfuncionario reconoció que la presencia de estos agentes extranjeros, quienes se identificaron como funcionarios de otro país, vulneró gravemente los protocolos legales establecidos en México para la cooperación en seguridad.

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El incidente salió a la luz pública tras un accidente vial en la Sierra Tarahumara, donde se confirmó el deceso de los cuatro individuos involucrados en las acciones operativas. 

Este suceso desveló la participación de agentes estadounidenses en una operación en territorio mexicano sin la debida notificación y autorización del Gobierno Federal, levantando inquietudes sobre la integridad institucional y la seguridad nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó duramente a las autoridades estatales de Chihuahua, encabezadas por la gobernadora Maru Campos, por permitir la participación de agentes estadounidenses sin notificar al Gobierno Federal.

Sheinbaum advirtió que estos hechos representan una posible violación a la Constitución mexicana y subrayó que la cooperación en seguridad con Washington debe realizarse bajo reglas claras y respeto absoluto a la legislación nacional. Este pronunciamiento surge en un contexto donde Donald Trump ha emitido constantes críticas sobre el control de los cárteles en el país.

Pese a que Jáuregui intentó destacar la destrucción de un laboratorio de drogas histórico durante el operativo, aceptó que dicho logro quedó completamente eclipsado por la actuación ilegal y la falta de apego a la legalidad que compromete la integridad de las instituciones mexicanas. El Gobierno Federal mantiene su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la aplicación estricta de la ley ante cualquier injerencia extranjera no autorizada en su territorio.

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