Diversos sectores sociales, incluyendo docentes y trabajadores de la construcción, iniciaron su tercera semana de huelga general en oposición a la Ley 462, que modifica el sistema de pensiones en Panamá, a la reactivación de la minería, la construcción de embalses en el río Indio y a los ataques de la Administración Trump a la soberanía nacional, entre otras reivindicaciones.

LEA TAMBIÉN:

Suntracs mantiene huelga nacional indefinida en Panamá

Esta semana se sumaron a la protesta médicos, odontólogos y otros profesionales de la Caja del Seguro Social, así como supervisores escolares y enfermeras. Los primeros dos grupos han manifestado su desacuerdo a través de la huelga general, mientras que las enfermeras han llevado a cabo piquetes durante sus jornadas laborales.

Hasta el momento, el Estado continúa reprimiendo las manifestaciones bajo el pretexto de mantener despejadas las calles y permitir el flujo vehicular. Sin embargo, los sectores sociales exigen un diálogo abierto y la derogación de esta ley para llevar a cabo una reforma integral de la Caja del Seguro Social con un acento solidario y de bien colectivo.

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas denunció detenciones de líderes que encabezan la protesta. A través de un comunicado, esta plataforma calificó dichas acciones como arbitrarias, además de señalar el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a protestar de las comunidades en la comarca Ngäbe-Buglé.

En el cruce de San Félix, en la provincia de Chiriquí (oeste) se registraron enfrentamientos entre manifestantes y unidades de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras. Se reportó que estas fuerzas utilizaron gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes en esa área.

El lunes pasado se produjo la detención de Yamir Córdoba, coordinador de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, quien comparecerá ante un juzgado de paz para abordar este incidente.

De acuerdo con expertos, las señales del Gobierno de José Raúl Mulino son confusas. Por un lado, el mandatario ofreció disculpas por comentarios despectivos que hizo anteriormente hacia quienes se oponen a esta ley. Sin embargo, no ha mostrado disposición para establecer un diálogo genuino y descartó cualquier opción de derogación, lo cual resulta inaceptable para los sectores sociales dadas las implicaciones de la ley para los trabajadores, los pensionados y sus familias.

EN ESTA NOTA: