En medio de protestas contra Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social en Panamá, grupos comunitarios organizados en la provincia de Bocas del Toro (oeste) rechazaron categóricamente reunirse con una delegación técnica de alto nivel de la Caja de Seguro Social (CSS), exigieron la presencia de ministros del Gobierno de José Raúl Mulino para expresar su malestar y reclamaron la derogación de la controvertida normativa.

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La dirigencia de los grupos comunitarios organizados decidió no escuchar a la delegación y demandó la presencia de ministros de Estado que asistían a otra reunión en el distrito de Changuinola, en esa provincia.

Denunciaron que la comitiva del Gobierno, que solicitó la reunión, los dejó esperando.

Bocas del Toro es escenario de una masiva huelga bananera y se mantienen 25 cortes de rutas en Changuinola desde hace más de un mes en rechazo a la Ley 462 y a la negativa del Gobierno de Mulino a dialogar sobre ella con los sectores populares y derogarla.

Desde el 28 de abril pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana) se movilizó por tres demandas fundamentales: la derogación inmediata de la lesiva Ley 462 que afecta sus pensiones, el rechazo a la apertura de la mina de cobre en Donoso y la anulación del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

El presidente Mulino ha reiterado que no habrá diálogo ni derogación de la normativa.

La delegación de la CSS, que viajó desde la Ciudad de Panamá a Chiriquí Grande este lunes, estaba encabezada por la directora ejecutiva nacional de Prestaciones Económicas, Elsebir Ducreux, y el asesor del Despacho Superior, Jorge Ortega. Su objetivo era explicar de forma técnica los alcances de la Ley 462 y los beneficios de la Ley 45, que reconoce derechos y prestaciones a los trabajadores de la industria bananera.

A pesar de la visita de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno, no se logró un acuerdo con el sindicato de trabajadores bananeros ni con los grupos que protestan contra la Ley 462.

Las protestas ya causaron severos daños a la bananera Chiquita Panamá, filial de la multinacional estadounidense Chiquita Brands, que controla el 90 por ciento de la producción bananera en el país centroamericano.

Días atrás Chiquita Panamá anunció que despedirá a casi 5.000 trabajadores en huelga. La semana pasada dejó cesantes a 60 trabajadores administrativos e informó este martes al Gobierno de Mulino que en próximos días despedirá a otros 1.600 empleados.

Se trata del principal producto de exportación de la nación centroamericana, toda vez que representa el 17,5 por ciento de las ventas al exterior y alcanzar los 324.4 millones de dólares, el mayor valor en 15 años, según el Gobierno.

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