La economía argentina es la única que no crecerá de toda la región según las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El organismo estimó que Latinoamérica se expandirá en 2024 un 2,1 por ciento, mientras que indica que Argentina mostrará una caída del PBI superior al 3 por ciento. 

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No es el único indicador negativo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reportó que la producción industrial registró en marzo una caída interanual de 21,2 por ciento y el índice que mide la actividad de la construcción se hundió 42,2 por ciento en igual período. A esto se suma la marcada caída del consumo, con las ventas en comercios cayendo 16 por ciento en promedio. 

Desde el Gobierno sostienen que el camino emprendido es el correcto. Tras una devaluación inicial del 50 por ciento de la moneda nacional, la administración Milei subordina su política económica al objetivo del déficit fiscal cero, es decir, que el saldo entre el debe y el haber del Estado sea positivo.

Con este fin y con el lema “no hay plata”, el Ejecutivo argentino avanza en un plan de ajuste de la inversión pública. Desde su asunción, la administración Milei concretó una reducción de hasta el 37 por ciento del valor real de las jubilaciones, despidió a miles de trabajadores estatales, redujo o directamente eliminó partidas destinadas al transporte, educación y salud, y frenó casi en su totalidad la obra pública, entre otros recortes.

La retirada del Estado y la devaluación, a su vez, se han traducido en un menor circulante de dinero y una recesión que implica menores ventas para el comercio y la pequeña empresa, principales generadores de trabajo. 

Pese a este panorama, más de la mitad de los argentinos dan su aprobación al rumbo elegido por el líder liberatario, según afirman los más recientes sondeos de opinión.

 

La expectativa generalizada es que una vez “saneada” la economía nacional, lleguen inversiones que logren mejorar la situación. “Vamos a hacer una especie de ve corta. Vas a tener un primer tramo cayendo que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo y abril, y a partir de ahí es cuando tocaste fondo y empezas a rebotar”, señaló el mandatario a fines de febrero. 

Sin embargo, a mediados de mayo, el repunte aún no se visibiliza y se esperan nuevos ajustes de importancia, como la quita de subsidios a los servicios de gas y de luz.

Pasado el primer semestre de gestión, analistas políticos refieren que se acaba la “luna de miel” entre el líder y sus seguidores, algo que de volverse realidad, dificultará aún más el presente político para un oficialismo que llegó al poder por fuera de los partidos tradicionales y no cuenta con una estructura a nivel nacional ni un número de legisladores en el cual apoyarse. 

Menos trabajo

En este contexto, las organizaciones sindicales realizaron una segunda huelga general en contra del modelo económico aplicado por Milei, el pasado 9 de mayo. 

Si bien desde el Gobierno intentaron minimizar lo ocurrido, desde las centrales sindicales destacaron como “contundente” la medida y gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado indicaron una adhesión del 97 por ciento de sus afiliados, mientras que actividades, como la del transporte ferroviario, estuvieron totalmente paralizadas.

La acción gremial se convocó en repudio de la reforma laboral impulsada por Milei, en rechazo de la desvalorización del salario y en denuncia del aumento del desempleo. Según cifras oficiales, el empleo privado registrado tuvo la peor variación mensual para un mes de marzo desde el 2002 y cayó 0,5 por ciento, balance incluso peor que en tiempos de pandemia. Desde que el presidente Milei ganó el balotaje en noviembre, los puestos de trabajo se redujeron un 1,4 por ciento.

Con respecto a la pérdida de poder de compra de los salarios, el ente estadístico oficial que mide los salarios formales con dos meses de rezago, publicó que en marzo aumentaron 10,3 por ciento contra una inflación que redondeó el 11 por ciento. El índice se incrementó 200,8 por ciento interanual, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período (287,9 por ciento). Si se observa el acumulado hasta marzo inclusive, es del 45,5 por ciento con respecto de diciembre previo, cuando los precios crecieron 51,6 por ciento.

Industricidio

La pequeña y mediana empresa están entre las más afectadas por las políticas económicas del actual Gobierno. La actividad industrial en marzo cayó un 6,3 por ciento con respecto al mes anterior y un 21,2 por ciento contra igual mes del 2023. Así, en los primeros cuatro meses del actual Gobierno, el sector acumuló una baja de 15,8 por ciento. De hecho, es incluso mayor a la registrada durante los primeros cuatro meses de la cuarentena.

La crisis industrial se debe sobre todo a la caída de las ventas en el mercado local, impactado por la recesión inducida por el Gobierno actual. Según la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Came), las ventas minoristas pymes descendieron 7,3 por ciento anual en abril, a precios constantes, y acumulan una caída de 18,4 por ciento en el primer cuatrimestre del año.

La industria manufacturera argentina representa una quinta parte del empleo registrado privado del país, ofreciendo salarios que superan en un 15 por ciento la media del empleo registrado y manteniendo estándares de formalidad más altos que otras ramas de la economía.

El cuadro podría empeorar si se concreta la Ley Bases impulsada por el Gobierno. “Estamos muy preocupados por lo que se está debatiendo en el Senado; entendemos que en esta ley se define nuestro futuro, se condena a toda la población al subdesarrollo por mucho tiempo”, alertó el titular a nivel nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Julián Moreno.

67 de las 182 páginas de la propuesta legislativa del oficialismo son dedicadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que, según apuntan los sectores industriales, otorga grandes beneficios a inversores extranjeros en perjuicio del entramado industrial local.

En un comunicado, Apyme alerta que “la Ley Bases propicia un mayor grado de extranjerización, concentración y primarización de la economía. En un régimen de “Estado ausente”, esto implica que las Pymes, las cooperativas y los emprendimientos de la economía social quedan en peligro de extinción”. 

La luz al final del túnel

Las cíclicas crisis argentinas se producen como resultado de la escasez de divisas, sea por la fuga de dinero al exterior o por el pago de deuda que obliga al país a ajustarse cada vez más en desmedro de su crecimiento.

En este marco, el pasado 10 de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que el Gobierno argentino “sobrecumplió las metas” de acuerdo con la revisión del programa económico acordado para poder saldar la deuda de más de 45.000 millones de dólares otorgada al país bajo la Presidencia de Mauricio Macri y el Fondo se comprometió a liberar los anticipos necesarios para saldar el próximo vencimiento. 

No obstante, la entidad financiera se niega a otorgar un nuevo préstamo solicitado por la Casa Rosada. Desde la entidad, con sede en Washington, temen que lo desmedido del ajuste desemboque en una crisis social de envergadura, como lo señaló durante su visita a Buenos Aires la número dos del Fondo, Gita Gopinath. 

Por ello, reclaman además de ajuste, un marco jurídico que garantice la liberalización de la economía, algo que está en línea con el programa del Ejecutivo, pero que no cuenta con el aval del Congreso. La política parlamentaria hasta el momento le ha sido esquiva al proyecto de destrucción del Estado impulsada por Milei y no ha podido sancionar ninguna ley de relevancia desde iniciado el mandato libertario. 

La apuesta oficial, indicó Milei en la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, es llegar al 25 de mayo, fecha de la Revolución de Mayo con el paquete de leyes enviado al Congreso aprobadas, y poder sellar una “refundación” junto con los gobernadores de todo el país. Algo que parece cada vez más lejano y ya son cinco los jefes provinciales que anticiparon su ausencia.

El principal apoyo de Milei son las grandes empresas nacionales, el lobby financiero y parte de la población, que de momento mantiene su confianza. Sin embargo, son estos últimos los que se llevan la peor parte del ajuste. 

Para el diputado de Unión por la Patria, Carlos Heller, sin una reactivación de la economía, el ajuste sólo tenderá a ser más fuerte y, en este contexto, “el límite del ajuste, sólo es la capacidad de resistencia de los ajustados”.

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