El juez estadounidense James Boasberg dictaminó este miércoles que cientos de venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII deben tener la oportunidad de impugnar sus detenciones, y el Gobierno de Trump debe facilitar los desafíos legales.

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En su fallo, Boasberg escribió que los individuos fueron deportados sin notificación adecuada ni derecho a impugnar sus expulsiones.

“Ese proceso, que se les negó indebidamente, ahora debe serles otorgado”, escribió Boasberg.

A lo que agregó: “Sin este alivio, el Gobierno podría secuestrar a cualquiera, entregarlo a un país extranjero y, en la práctica, impedir cualquier medida correctiva”.

En el fallo de este miércoles, Boasberg también citó el fallo de la Corte Suprema en un caso separado que confirmó la orden de un tribunal inferior para que la administración facilitara el regreso de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que vive en Maryland y que fue deportado a El Salvador a pesar de un fallo judicial anterior de que no fuera enviado allí.

No obstante, la Corte Suprema anuló una orden del juez en ese caso de que el Gobierno “hiciera efectivo” el regreso de Abrego García, citando la deferencia que los tribunales deben dar al Gobierno en asuntos de política exterior.

Sin embargo, Boasberg no llegó a ordenar expresamente al Gobierno de Trump que devuelva a Estados Unidos a los cientos de inmigrantes venezolanos que se encuentran actualmente detenidos en una mega prisión en El Salvador.

El juez le dio a la Administración Trump una semana para detallar cómo facilitaría la presentación de impugnaciones legales por parte de los deportados.

Cientos de venezolanos fueron deportados en marzo después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros del extinto Tren de Aragua sin pasar por los procedimientos normales de inmigración.

En este contexto, el fallo de Boasberg de este miércoles es el primero que aborda el destino de estos detenidos.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han respondido al respecto.

Los familiares de muchos de los venezolanos deportados el 15 de marzo y sus abogados niegan que los migrantes tuvieran vínculos con pandillas y dicen que no se les dio la oportunidad de refutar las acusaciones de la administración Trump en los tribunales.

En este sentido, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en abril que los migrantes deben poder impugnar sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Desde entonces, tribunales de todo el país han prohibido a la Administración Trump realizar más deportaciones de presuntos miembros del desaparecido Tren de Aragua bajo esta ley.

Boasberg dijo que su decisión de permitir que la Administración Trump proponga un procedimiento para permitir a los venezolanos presentar impugnaciones legales equilibra la autoridad del poder ejecutivo sobre asuntos exteriores con los derechos constitucionales de los migrantes.

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