Israel ha intensificado sus políticas de demoliciones forzadas en Jerusalén Este, obligando a numerosos palestinos a derribar sus propias viviendas y comercios bajo el argumento de carecer de permisos de construcción emitidos por las autoridades sionistas.

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Uno de los casos más recientes es el de Mohammad Abdul Raouf Abu Tir, quien demolió su casa familiar de aproximadamente 100 metros cuadrados en Sur Baher, tras recibir una orden municipal. Antes de ejecutar la demolición, fue sancionado con 70.000 shekels (unos 24.000 dólares) y notificado en dos ocasiones para cumplir la orden de manera inmediata.

De manera semejante, los hermanos Tareq y Fadi al-Rajabi se vieron obligados a demoler dos establecimientos comerciales ubicados en el barrio de Bustan, en Silwan, al sur de la mezquita de Al-Aqsa. Las multas comenzaron en cifras de hasta 12.000 dólares, lo que evidencia la presión económica y social sobre los residentes palestinos.

De acuerdo con testimonios, el ayuntamiento suele ofrecer a los afectados la opción de demoler sus propiedades por cuenta propia o pagar el costo de las cuadrillas israelíes que realizan la demolición, lo que incrementa la carga financiera sobre las familias.

De acuerdo con los reportes, se han denunciado que estas prácticas forman parte de una estrategia sistemática de despojo territorial, que restringe severamente la construcción palestina en Jerusalén Este y busca borrar su presencia histórica en la zona.

Los grupos defensores señalan que las autoridades israelíes utilizan documentos poco creíbles o infracciones como justificación para imponer estas medidas, lo que refuerza la percepción de una política de limpieza étnica en los territorios ocupados.

La comunidad internacional ha sido instada a intervenir, ante lo que se considera una violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional, que amenaza con profundizar la crisis humanitaria en la región.

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