Son alrededor de 70 los testigos que se han conocido por parte de la defensa de Uribe que llamará en este juicio, incluyendo familiares, políticos, exfuncionarios de alto nivel, abogados, peritos y antiguos narcotraficantes.

La asistencia del expresidente a este juicio ha transcurrido en su mayor parte de manera virtual, sin embargo, este lunes 5 de mayo, lo hizo de manera presencial compareciendo como testigo. Durante su intervención, Uribe negó haber enviado al abogado Diego Cadena u otro emisario para sobornar a exparamilitares y testigos para que lo favorecieran con sus declaraciones.

Esta segunda etapa del juicio, inicia luego de concluida el martes 29 de abril, la parte correspondiente a los testigos de la Fiscalía, que incluyó la declaración de Carolina Vargas, exanalista del Cuerpo Técnico de Investigación que analizó interceptaciones telefónicas, realizadas al celular del exgobernante en 2018, en las que según la fiscalía, se evidencian los intentos del abogado Diego Cadena, de obtener testimonios a favor de Uribe, mediante presiones u ofrecimientos materiales.

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En la etapa del juicio ya concluida, se recogieron testimonios de exparamilitares que señalaron presuntos vínculos del expresidente colombiano con el surgimiento de grupos armados, los cuales accionaron al margen de la ley en el país, a finales del pasado siglo e inicios de este.

Entre estos testimonios de ubican el de Pablo Hernán Sierra, quien comentó que mientras fungía como gobernador de Antioquia, Uribe emitió en noviembre de 1996, una resolución que autorizó a la asociación «Convivir El Cóndor», de San Roque, a tomar acciones de vigilancia y defensa.

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Convivir fue el nombre dado a grupos de autodefensas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, que mutaron progresivamente hasta fusionarse con estructuras paramilitares.

“La base de la Convivir, en San José del Nus, fue a un costado del bar Ganadero, en una propiedad de familia del expresidente. Ahí fue la oficina de la Convivir”, apuntó el testigo.

Por su parte, Carlos Enrique Vélez, quien fuera miembro del grupo Metro de las Autodefensas Unidas, aseveró que el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos, traducidos en unos 45 mil dólares al cambio actual, para que negara los presuntos nexos del exmandatario con las fuerzas paramilitares.

Este juicio es el primero de su tipo celebrado contra un exgobernante en Colombia. Las audiencias, como lo señaló la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, se extenderán por los próximos cinco días. Igualmente, se fijará el cronograma de las diligencias para la presentación de las pruebas de la defensa.

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