Guaidó 2.0

María Corina Machado junto a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela con el apoyo de la Casa Blanca. | Foto: @MaríaCorinaYa
2 de agosto de 2024 Hora: 18:55
Las recientes declaraciones del Departamento de Estado estadounidense señalando que «Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos» repiten el irrespeto a la Constitución venezolana y la decisión del pueblo bolivariano en favor de intereses foráneos.
Este jueves, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, aseguró que “dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos (…) que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos”.
La declaración destinada a legitimar al candidato de la extrema derecha como un falso victorioso reedita la estrategia de instalación de un gobierno paralelo en irrespeto a la Constitución y a todas las instituciones del Estado venezolano, tal como en el pasado reciente sucedió con la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino”.
Son varios los rasgos del momento actual que revelan ciertas similitudes con la instalación de facto de un supuesto mandatario y pueden vislumbrarse a partir del análisis del pasado reciente cuáles pueden ser los objetivos de Washington al considerar como ganador a González Urrutia, cuando las instituciones democráticas del país caribeño dicen lo contrario.
Guaidó, al igual que González Urrutia, era una figura de poca relevancia hasta el momento de su autoproclamación y tuvo un ascenso repentino en base al apoyo mediático y el respaldo otorgado desde la Unión Europea y Estados Unidos, como si de autoridades globales se tratara.
Si bien Guaidó se autoproclamó en una plaza y González Urrutia fue proclamado sobre un tráiler por María Corina Machado, en ambos casos esa proclamación fue precedida por un ataque en redes sociales y en medios de comunicación a la institucionalidad venezolana y se consagra con señalamientos a una supuesta dictadura que impide al personaje hacerse con la suma de los poderes públicos.
Poderes, dicho sea de paso, que Juan Guaidó utilizó para pedir la profundización de la política de sanciones contra el pueblo venezolano y que junto a las élites económicas que lo apoyaron instrumentaron medidas de sabotaje a la moneda, terrorismo, boicot y acaparamiento de alimentos que desconfiguraron la economía nacional venezolana.
En paralelo, el corto «interinato» del autoproclamado favoreció la entrega de bienes del Estado a corporaciones transnacionales y su coacción se tradujo en un desmejoramiento de la calidad de vida de la población.
Popularidad ilusoria
La autoproclamación del referente opositor de la facción Voluntad Popular se basó en un presunto apoyo masivo de la población hacia su figura y el respaldo internacional que recibía.
Sin embargo, el reconocimiento obtenido desde el exterior fue dirigido desde Estados Unidos y países subordinados, mientras que los países del Sur Global optaron por respetar la institucionalidad de Venezuela.
La estrategia justificada por la mediática internacional, en tanto, no dejaba de revelar la aberración jurídica que representaba y, a medida que su «interinato» se prolongaba, fue dejando expuesta la inconsistencia de la figura por la cual varias naciones occidentales recibieron Embajadores encargados y otras rarezas de igual magnitud.
En tanto, en el caso de González Urrutia, la situación no es muy diferente. Tanto la Constitución como los compromisos previos signados con su participación en la actividad electoral obligan al candidato a reconocer a las autoridades y las instituciones que el propio candidato avaló para llevar adelante los comicios hasta que anunciaron su derrota.
El material de prueba nombrado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Cancillería argentina en pos de fijar un precedente y otorgar su reconocimiento al candidato opositor como presidente no es más que una página web donde se muestran imágenes de actas, las cuales por sus características son fácilmente falsificables. Situación por la cual, el único documento legal con validez cierta como material probatorio es el acta física que la oposición se niega a presentar.
Los apellidos
Pese al cambio de personaje, las figuras opositoras que están detrás tanto de Guaidó como de González Urrutia son los mismas. Desde su primer mandato presidencial, Nicolás Maduro “los apellidos” (título con el cual el mandatario denomina a la ultraderecha venezolana) fueron quienes lideraron el proceso de desestabilización del país ya desde 2013 y se han mantenido conspirando desde la sombra desde entonces.
Personajes como Julio Borges, Carlos Vecchio, María Corina Machado, Leopoldo López, Capriles Radonski, quienes poseen fluidos vínculos con Estado Unidos de América, apostaron en reiteradas ocasiones por el quiebre político, militar, presión social y asfixia internacional para hacerse del poder del Gobierno venezolano, y con la firma del decreto del presidente estadounidense Barak Obama en 2015 sancionando a Venezuela, inicio una militancia ininterrumpido por presionar por endurecer el bloqueo que tenía por única víctima la población del país caribeño.
Para el 2015 inicia la escasez de alimentos, medicamentos, productos de aseo, piezas automotrices; la hiperinflación y recesión económica; las protestas que implicaron acciones violentas, muertes y heridos. Ataques que la Revolución Bolivariana logró desarticular con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 que logró vencer los planes desestabilizadores.
En 2018 fueron estos mismos personajes los que buscaron desacreditar las elecciones presidenciales y arengaron una nueva ola de desestabilización .
“La oposición se agrupó en una plataforma denominada, Frente Amplio Venezuela Libre, con el objetivo de organizar el boicot al proceso electoral, preparar el terreno para el desconocimiento de las elecciones y avanzar hacia el 10 de enero de 2019, cuando una parte importante de la comunidad internacional desconocería el triunfo del chavismo y llamaría a la conformación de un gobierno en el exilio o interino, como terminó definiéndose, con Juan Guaidó a la cabeza”, señala la analista Indira Urbaneja.
En tanto, el actual proceso electoral estuvo protagonizado por María Corina Machado, quien entre los años 2018 y 2020 promovió una campaña insólita para que en Venezuela se estacionaran tropas extranjeras y dieran un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y en 2013 ejerció como representante alterna ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en representación de otro país con el fin de criminalizar el gobierno venezolano, algo prohibido por la Constitución bolivariana.
Ilegalidad
Otra ficción enarbolada por la experiencia Guaidó y que podría reeditarse en este caso se da respecto a la capacidad de conducir un proyecto nacional. Sin embargo, quien hasta antes de su autoproclamación era prácticamente un desconocido, obtuvo cierto respaldo en cuanto a la capitalización del descontento generado por las afectaciones de las sanciones y que la oposición reprochaba al Gobierno de Nicolas Maduro.
En este sentido, tanto González Urrutia como Guaidó se amparan en esa supuesta popularidad para justificar la completa ilegalidad de su actuación. En el caso de Guaidó, su autoproclamación por fuera de la institucionalidad se justificaba en base a tres preceptos que señalaban que su mandato sería provisorio y con el supuesto fin de auspiciar un nuevo proceso electoral.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, los objetivos de su interinato se incumplieron y derivó en un enriquecimiento y en la determinación de decisiónes favorables a la entrega de recursos y bienes del Estado venezolano, auspiciados por Washington, tal como fue el caso de la entrega del control de la empresa Citgo Petroleum Corp. a supuestas corporaciones acreedoras como Crystallex International Corp. y la empresa Owens-Illinois.
A su vez, en mayo de 2019 Guaidó tomó el control de la empresa de fertilizantes Monómeros de Venezuela y designó nuevos integrantes para la junta directiva que generaron un desastre administrativo, impulsado por la repartición de cargos en la empresa por parte de los partidos de las alianza constituida con “los apellidos”.
Finalmente, en 2021 el gobierno del expresidente colombiano Iván Duque intervino la empresa para «subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y administrativo», poner orden financiero, corregir su rumbo y proteger los intereses de los inversionistas que pudieran salir afectados.
Calderón Berti señaló a principios de julio de 2022 que Leopoldo López era el principal responsable en los hechos de corrupción en Monómeros y la Fiscalía de Venezuela consideró a Juan Guaidó como responsable por los delitos de usurpación de funciones y hurto calificado de activos en el caso de Monómeros Colombo Venezolana S.A., filial de la estatal Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven).
Autor: Nicolás Hernández