El Ministerio de Salud de Chile enfrenta un drástico ajuste presupuestario de 413.193 millones de pesos, una medida que representa el 2,4 por ciento del financiamiento anual del sector. Esta significativa reducción, oficializada mediante el decreto 333 firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, impacta directamente a más de 80 recintos hospitalarios en todo el territorio nacional, levantando inquietud sobre la sostenibilidad de la atención pública.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales, entidad crucial para la gestión de los hospitales públicos, registra el impacto más severo, con una reducción de 147.715 millones de pesos, equivalente al 11 por ciento de su presupuesto contemplado por ley. Asimismo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) experimenta un recorte de 259.512 millones de pesos.

La medida también alcanza, en menores proporciones, a la Subsecretaría de Salud Pública, el Instituto de Salud Pública y la Superintendencia de Salud. Entre los centros de salud que enfrentan las mayores disminuciones de recursos, se destaca el Hospital Sótero del Río en Puente Alto, que sufrirá una baja de 3.182 millones de pesos, le siguen en importancia el Hospital Salvador y los principales recintos de la Región del Biobío, incluyendo los hospitales de Los Ángeles, Concepción e Higueras de Talcahuano.

Otras instituciones regionales en Valdivia, Chillán y Antofagasta también verán mermados sus recursos en montos cercanos a los 2.000 millones de pesos. El ajuste abarca además a la Posta Central y al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

En el ámbito de la Atención Primaria de Salud, los recortes más altos se concentran en los servicios Metropolitano Sur y Metropolitano Occidente. Frente a este escenario, un grupo de 15 alcaldes se presentó en La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast, expresando su profunda inquietud por las consecuencias que estas rebajas presupuestarias podrían generar en la atención básica de salud de sus comunidades.

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La reducción presupuestaria ha generado una ola de críticas desde el Parlamento, donde diversas voces acusan que la prometida «eficiencia» del Gobierno terminará por agudizar las ya críticas listas de espera. El diputado Nelson Venegas (PS), tras reunirse con gremios en el Valle de Aconcagua, ha señalado tajantemente que «no vamos a permitir que se sigan discontinuando programas y no queremos que se disminuya el presupuesto para proteger al pueblo».

También, dirigentes gremiales de la Fenats y la Confedeprus en la Región de Los Lagos advierten que, a pesar de las promesas del Ejecutivo, la falta de estos recursos se traducirá inevitablemente en menos personal de salud contratado y dificultades para adquirir insumos médicos básicos, especialmente en establecimientos cuyos equipos ya operan al límite de su capacidad financiera.

Por su parte, frente a este escenario, un grupo de 15 alcaldes se presentó en La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast, expresando su profunda inquietud por las consecuencias que estas rebajas presupuestarias podrían generar en la atención básica de salud de sus comunidades.

Desde el Colegio Médico de Chile también manifestaron su absoluto rechazo al Decreto N°333 emitido por el Ministerio de Hacienda. La presidenta del gremio, la doctora Anamaría Arriagada, advirtió que esta medida de austeridad fiscal bajo la Administración del pinochetista José Antonio Kast pone en riesgo la atención directa de los pacientes.

Desde el oficialismo, la ministra Chomali ha intentado calmar los ánimos asegurando que los pacientes no verán mermada su atención y que el ajuste se centra en mejoras de gestión administrativa. Sin embargo, el malestar social ya se hizo sentir en las calles. A fines de abril, durante la visita del Presidente Kast a Temuco, funcionarios lo increparon con consignas directas contra el «recorte cruel» para el sistema sanitario, evidenciando la creciente preocupación ciudadana.

El plan de Hacienda contempla la descontinuación de iniciativas vitales como la hospitalización domiciliaria, salud mental y el programa «ajuar» de Chile Crece Contigo. Estas herramientas permitían, hasta ahora, que muchos tratamientos se realizaran fuera de los hospitales, evitando así el colapso del sistema por la alta demanda.

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La supresión de estos programas sociales podría tener un impacto directo en la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante las necesidades de la población.

Por el momento, el decreto 333 aún está en manos de la Contraloría, que debe revisar que todo esté en regla antes de su aplicación. Una vez superado este paso, el debate pasará al Congreso, instancia en la que los ministros de Salud y Hacienda deberán aclarar ante los parlamentarios cómo se garantizará la atención de los pacientes con un presupuesto significativamente menor.

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