El Gobierno de Venezuela, a través de las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense con apoyo de elementos  del municipio Vargas, puso en marcha un operativo especial en el Cementerio La Esperanza, ubicado en el estado La Guaira, para garantizar una sepultura digna, individualizada y conforme a los protocolos internacionales a las víctimas del doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio.

El alcalde del municipio Vargas, coronel José Manuel Suárez Maldonado, informó que desde el primer momento el Estado venezolano activó los mecanismos necesarios para brindar una respuesta humanitaria a las familias afectadas. Como parte de ese esfuerzo, se designó el referido camposanto para la inhumación de los cuerpos, siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios internacionales que rigen para este tipo de emergencias.

Fosas comunes: Un recurso de emergencia que Venezuela descartó

Es preciso aclarar que en contextos de desastres con elevado número de víctimas fatales, los protocolos internacionales de manejo de cadáveres contemplan, como medida extrema, la utilización de fosas comunes. Estas consisten en excavaciones donde se entierran varios cuerpos sin ataúd ni separación entre ellos, generalmente sin identificación previa ni registro individualizado. Si bien su uso está previsto para situaciones límite donde los recursos son insuficientes o el riesgo sanitario es inminente, esta práctica suele traducirse en la pérdida definitiva de la identidad de las víctimas y en un profundo dolor para los familiares, que quedan sin posibilidad de localizar a sus seres queridos.

Pese a que estos lineamientos internacionales permiten, en teoría, el uso de fosas comunes ante pérdidas humanas masivas, el Gobierno de Venezuela tomó la decisión expresa de descartar esa alternativa y optó por un procedimiento que garantiza la identificación y el resguardo individual de cada víctima.

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Suárez Maldonado detalló que, en el Cementerio La Esperanza, los ataúdes son colocados uno junto a otro, separados por parcelas perfectamente delimitadas. Frente a cada tumba sobresale una sencilla cruz blanca acompañada por una placa que contiene un código alfanumérico y la leyenda «Identificación especial», además de la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026. Ese código constituye, por ahora, el principal elemento de identificación de cientos de personas cuyos familiares continúan su búsqueda.

Antes de cada inhumación, equipos forenses realizan un exhaustivo protocolo de identificación que busca evitar que las víctimas queden en el anonimato. Cada cadáver es fotografiado, registrado minuciosamente y asociado a una ubicación precisa dentro del cementerio. Este procedimiento permitirá que, en el momento en que los familiares logren aportar información o pruebas genéticas, las autoridades puedan localizar con exactitud el lugar donde fue sepultada cada persona.

«Estamos llevando un expediente que identifica el lugar donde están reposando los restos de cada fallecido para que sus familiares puedan identificarlos correctamente«, señaló el funcionario. 

El alcalde Suárez Maldonado destacó, asimismo, que el proceso se extiende más allá de lo meramente administrativo y forense. Como parte del enfoque humanitario integral, se habilitó un espacio espiritual dentro del camposanto para que cada familia pueda ser atendida al momento de despedir a sus seres queridos. En ese sentido, hay disponibilidad de pastores y sacerdotes católicos para los rezos finales y el acompañamiento durante el proceso de duelo.

Asimismo, aseguró que cada familia tiene disponibilidad en el camposanto de suministros para los procesos de rezos de sus familiares. 

«El Estado se ha preocupado por asegurar el espacio para el camposanto donde descansan las almas de las víctimas de esta tragedia», subrayó el burgomaestre, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno bolivariano de brindar atención integral a los familiares.

La medida contrasta con lo ocurrido en otras tragedias de magnitud similar en la región, donde la falta de recursos o de voluntad política ha derivado en sepultamientos masivos sin identificación. En Venezuela, la decisión de descartar las fosas comunes y optar por tumbas individualizadas con registro forense previo representa un esfuerzo significativo del Estado por preservar la memoria y la identidad de las víctimas, así como por ofrecer a sus seres queridos la posibilidad de un cierre digno.

Mientras tanto, los equipos de búsqueda y rescate continúan con las labores en las zonas más afectadas por el doblete sísmico, y se mantiene activo el llamado a la población para que quienes tengan información sobre personas desaparecidas se acerquen a los centros de atención habilitados por las autoridades, a fin de cotejar datos y avanzar en el proceso de identificación plena de cada una de las víctimas.

Con anterioridad, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, desmintió las versiones difundidas en plataformas digitales que señalan un supuesto uso de fosas comunes tras el doblete sísmico registrado del 24 de junio. Añadió que el Gobierno venezolano mantiene la gratuidad en todos los servicios funerarios, además de brindar asistencia psicológica y espiritual a los ciudadanos afectados por la tragedia.

De acuerdo con la última actualización de las autoridades venezolanas, se reportaron 3.811 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 ciudadanos rescatados con vida de los escombros, mientras que 17.907 ciudadanos quedaron sin vivienda o con afectaciones graves. 

De «La Peste» a la dignidad: dos modelos frente a la tragedia

El contraste con experiencias previas en el propio territorio venezolano resulta preciso recordar que  durante el Caracazo de 1989, bajo el Gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, cientos de víctimas fueron sepultadas en una fosa común en el Cementerio General del Sur de Caracas, conocida como «La Peste«, sin identificación previa ni registro individualizado, ni dignidad para sus familiares. 

37  años después, muchos de esos cuerpos jamás fueron reclamados ni identificados, quedando en el anonimato para siempre. 

Casi cuatro décadas después, la decisión del Gobierno bolivariano de descartar esa vía y optar por tumbas individualizadas con código alfanumérico, registro forense y acompañamiento espiritual representa un giro radical en la forma en que el Estado venezolano enfrenta este tipo de tragedias que aunque en magnitud son incomparables, actualmente pese a todo se está  priorizando la dignidad de las víctimas y el derecho de las familias a conocer el destino final de sus seres queridos.

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