El pasado 15 de enero, en su presentación del mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional (AN), el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que las sanciones internacionales que han sido aplicadas contra su país han causado un “genocidio económico” en los últimos nueve años.

«Un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela», subrayó, y precisó que entre 2015 y 2023, el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y sectores de oposición han provocado al país una pérdida de 642.000 millones de dólares por restricciones financieras que han incidido negativamente en la caída del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Dos días después, en una entrevista concedida a la multiplataforma informativa teleSUR, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez calificó como “genocidio económico” el bloqueo impuesto por EE.UU. y resaltó que esta realidad ha obligado al país a reinventarse.

Aunque el término genocidio es conocido, pues se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de “genocidio económico” puede resultar novedoso, por lo que se impone un acercamiento a su definición así como un análisis sobre cómo su implementación ha afectado a la población venezolana.

 

Genocidio económico como modelo a favor de la desigualdad

Si se hurga en el significado de la palabra genocidio, puede verse que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) lo define como el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.

Hacia fines del siglo XX, cuando comenzó a tomar fuerza un modelo económico que creó las estructuras financieras para consolidar la pobreza y desigualdad en los países en vías de desarrollo, principalmente en América Latina, inició un proceso de implementación de políticas neoliberales basadas en el juego del libre mercado, el libre movimiento de los capitales financieros y el desarrollo de Estados neoliberales, con el respaldo de la institucionalidad jurídica y las leyes, con el fin de destruir los Estados nacionales y desplegar la hegemonía de los mercados en detrimento de los grupos poblacionales.

El Consenso de Washington fue el detonante para que el neoliberalismo impusiese en la región las primeras medidas económicas, políticas y sociales que pondrían en marcha las primeras experiencias de “genocidio económico”.

El investigador Nicolás Gladstein señala que entre las medidas que tomaron los países donde comenzó a implementarse, figuran los recortes al gasto público, la liberalización financiera y comercial, la inversión extranjera directa, la privatización de las empresas estatales, el control y la reducción de los salarios, entre otras.

El caso de Venezuela

En el mes de marzo de 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, aplicó las primeras medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra Venezuela a través de su Orden Ejecutiva 13692, por considerar al Gobierno bolivariano una supuesta «amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EE.UU.”, y en 2016, Obama prolongó las medidas un año más.

Hacia 2017, ya con Donald Trump en el poder, las medidas fueron recrudecidas, incidiendo en la banca privada venezolana, los mercados e instituciones financieras de carácter internacional.

A lo largo de ese año, bancos internacionales devolvieron operaciones por millones de dólares que habían sido destinadas a la compra de insumos médicos y alimentos para la población.

En 2018, la administración Trump impuso nuevas medidas para impedir la renegociación de la deuda venezolana y de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum y el uso de la criptomoneda venezolana Petro para realizar transacciones.

Nuevas medidas fueron aprobadas por el Gobierno de Trump en 2019 contra Pdvsa, mediante el congelamiento de activos, pérdidas en exportaciones, bloqueo de operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), entre otras. Por su parte, la UE emitió las primeras sanciones contra Venezuela en el año 2017.

A mediados de 2020, en pleno contexto de la pandemia de la Covid-19, las medidas coercitivas contra Venezuela llegaron a su punto más alto, porque comenzaron a verse con mayor fuerza sus efectos negativos no sólo en la economía y las finanzas, sino también en el bienestar de la población.

La situación ha sido denunciada en varias ocasiones por el Gobierno venezolano y también por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes han alertado que la coerción de tipo militar o económico, no puede usarse para lograr un cambio de Gobierno en un Estado soberano.

Para hacer frente al “genocidio económico”, el Estado venezolano ha reconstruido un modelo de país basado en la inclusión y la protección social en el contexto del Plan de Recuperación Económica. Para ello se han tomado medidas internas como parte de ocho líneas de acción y trabajo, como la aplicación de políticas para controlar la inflación y garantizar la estabilidad cambiaria.

Asimismo, en 2023 la economía venezolana cerró con diez trimestres de crecimiento continuo. Por otra parte, la producción nacional petrolera y no petrolera se incrementó y se alcanzó el 100 por ciento de producción en rubros como café, plátanos, yuca, ocumo, derivados de la leche, vegetales, hortalizas, frutas, pescado fresco, carne de res, pollo y cerdo; Pdvsa cerró el tercer trimestre con un ingreso superior a los 6.000 millones de dólares y el sector del turismo también mostró indicios de crecimiento.

Ante la persistencia de las medidas coercitivas contra el país suramericano que han provocado el “genocidio económico”, el Gobierno bolivariano se ha planteado perspectivas para la recuperación económica del país, que pretende convertir a Venezuela en una potencia, a través de la transformación de la economía, la independencia plena, la paz, seguridad e integridad territorial, la recuperación del estado de bienestar, el combate de la crisis climática y la inserción y liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial.

Genocidio económico contra Venezuela: causas, impactos, desafíos

Para profundizar en los rasgos que caracterizan al “genocidio económico” contra Venezuela, teleSUR dialogó con el economista Luis Fernando Guanipa Jiménez, quien explicó los efectos que traen las medidas coercitivas unilaterales contra la población.

¿Cuál es su definición de “genocidio económico” y cómo cree que se aplica a la situación en Venezuela?

– El término no tiene una definición legal universalmente aceptada. Sin embargo, podemos hablar de “genocidio económico” al referirnos a una serie de medidas coercitivas unilaterales como sanciones económicas, bloqueos comerciales y embargos de activos que tienen como objetivo deliberado causar un daño grave a la economía de un país y, por tanto, a su población.

En el caso de Venezuela, las mal llamadas sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países occidentales constituyen un “genocidio económico” porque han tenido un impacto significativo en la economía venezolana que ha repercutido en la caída del nivel de vida de la población. Son más de 900 medidas coercitivas y unilaterales que son hostiles, decretos, embargos y medidas no escritas de agresión que han sido impuestas sobre nuestro país y que recaen principalmente en la industria petrolera, pero también en la petroquímica, minera, aurífera, en su capacidad de negociar con el exterior y en sus derechos financieros internacionales básicos como cualquier país del mundo. Nos están prohibiendo eso, por eso hablamos de “genocidio económico”.

Ahora bien, estas mal llamadas sanciones van desde la prohibición de negociar la deuda de la república de Pdvsa en los mercados financieros internacionales, la confiscación de activos públicos hasta la sanción a empresas, buques, aeronaves; sabemos el caso de Conviasa, numerosos recursos que han sido congelados y el comercio exterior del país que ha sido paralizado. Esto, evidentemente reduce al mínimo los ingresos nacionales, que imposibilita, por supuesto, financiar el gasto público que comprende salarios, servicios básicos y elementales de la población.

La estrategia central de estas acciones hostiles consiste en cerrar las fuentes de financiamiento a la economía venezolana. Por ello podemos decir que los ingresos de dólares en el país cayeron de 56.000 millones en 2013 a 743 millones en 2020. Visto esto en perspectiva, podemos decir que en siete años, Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que ingresaban al país. Esto sin duda alguna, constituye un delito internacional muy grave que podemos catalogar como genocidio económico.

¿Cuáles son sus causas principales?

– Las causas del “genocidio económico” contra Venezuela son eminentemente políticas. Eso es importante tenerlo claro. Un Gobierno no entreguista, que no esté a la orden de Washington, evidentemente resulta un problema político que la Casa Blanca busca resolver, cambiando los factores de poder a través de lo que ellos llaman la “máxima presión” y ejerciendo estas medidas para evitar asfixiar a toda la población y así forzar la salida del presidente Nicolás Maduro en favor de alguien servil a sus intereses.

¿Por qué tanto interés en Venezuela? Bueno, porque Venezuela no sólo tiene una ubicación comercial absolutamente privilegiada en el norte y el sur, sino que nuestro país posee más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas de crudo, lo que resulta apetecible para la necesidad energética cada vez mayor de los Estados Unidos que a pesar de ser un gran productor de petróleo, sigue importando una cantidad considerable para satisfacer su demanda interna.

Podemos decir que las reservas de crudo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, lo convierten en un poder estratégico para garantizar la seguridad energética estadounidense y a pesar de los esfuerzos que se ha hecho EE.UU. por diversificar su matriz económica, siguen dependiendo en gran medida del petróleo, lo que los hace vulnerable a fluctuaciones del mercado global y la crisis geopolítica. El acceso al control del petróleo venezolano podría fortalecer la posición política en la región y eso lo sabe EE.UU. porque particularmente en el contexto actual de crisis política y económica del país, necesitan del petróleo que está en suelo venezolano.

¿Cómo ha afectado el genocidio económico a la población venezolana?

– De manera directa, bloquea todos los mecanismos posibles para la adquisición de medicinas, alimentos y servicios básicos. Por ejemplo, en noviembre de 2017, un total de 23 operaciones financieras en Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos fueron devueltas por bancos internacionales que no permitieron que eso pasara.

Es importante aclarar que las sanciones lo que buscan es destruir los medios materiales esenciales de vida, impedir el acceso de la población a los alimentos y bienes básicos, así como generar un caos económico que produzca un estallido social, que afortunadamente no ha pasado porque tenemos un pueblo consciente de la situación actual. Negarle al pueblo venezolano el acceso a los alimentos es una estrategia central del bloqueo de este genocidio económico que no solamente se está implantando desde ahora, sino desde el 2015 cuando el expresidente Barack Obama sacó su famoso decreto diciendo que Venezuela era una amenaza y emitió un conjunto de leyes y decretos que se agudizaron cuando Donald Trump asumió la Presidencia y buscan asfixiar la economía, paralizar el financiamiento en los bancos internacionales, que no podamos pagar ni tener nuestras medicinas o alimentos, y que no podamos negociar con el extranjero.

¿Cuáles son las medidas que se toman a nivel nacional e internacional para mitigar los efectos del genocidio económico contra Venezuela?

– A nivel nacional son múltiples las estrategias que se han venido tomando para abordar el bloqueo. En primer lugar, la aprobación de la Ley Antibloqueo fue un elemento clave ya que busca establecer un marco legal para contrarrestar el efecto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. y otros países. Le da facultades al Ejecutivo nacional para crear mecanismos que busquen proteger los activos venezolanos en el extranjero atrayendo inversiones, promoviendo el desarrollo económico del país y por supuesto, garantizando los derechos humanos de la población.

Además, se ha puesto en marcha la estrategia de las zonas económicas especiales que buscan consolidar un nuevo modelo de economía real, diversificada, más allá de la renta petrolera, que sabemos es el corazón económico de la nación y con el bloqueo pasó a ser mínima. Esto permite la innovación de procesos en aras de impulsar las cadenas productivas en mercados internacionales, así como también fortalecer el aparato industrial y promover la sustitución selectiva de importaciones que es algo que se está haciendo paulatinamente. En el plano internacional, el Estado venezolano ha seguido la ruta geopolítica de establecer alianzas con socios clave como Rusia, China, Irán, Türkiye, India, y esto ha permitido soportar los embates del asedio financiero.

También Venezuela ha denunciado en las Naciones Unidas y en diferentes foros multilaterales el criminal bloqueo y la persecución financiera de EE.UU., quienes impiden a Venezuela competir con reglas del juego claras y de manera justa, violando flagrantemente el derecho internacional, como acostumbra a hacer.

¿Cómo se puede responsabilizar a los perpetradores del genocidio económico contra Venezuela?

– Se debe seguir denunciando en todas las instancias la práctica extorsiva ilegal sobre la cual EE.UU. y sus principales aliados intentan someter a la economía venezolana en función de sus intereses. Quienes cometen un crimen, como es la persecución contra un país entero deben ser tildados de criminales, porque ante la opinión pública siempre dirán que abogan por la democracia, la paz mundial, el respeto a los derechos humanos, pero todos sabemos que en realidad son los representantes globales de todo lo contrario, y Venezuela como país libre, independiente, autónomo y soberano, vencerá, sin duda alguna, las sombras.

¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en la prevención y resolución del genocidio económico contra Venezuela?

– La comunidad internacional tiene un importante papel que jugar, condenando el asedio a través de declaraciones, resoluciones y otros instrumentos; pero es importante entender que la comunidad internacional no es un actor monolítico y existen diferentes posiciones sobre el bloqueo económico contra Venezuela, que incluso están a favor de que sea aplicado por intereses serviles a potencias hegemónicas, por lo que el Gobierno venezolano debe seguir actuando desde la geopolítica de paz que ha sido nuestra premisa, y el respeto al derecho internacional que nos ha caracterizado en todos los foros y mecanismos multilaterales a los que Venezuela ha asistido con su diplomacia de paz, siempre respetando el derecho de todas las naciones.

¿Cuáles son las perspectivas para la recuperación económica de Venezuela después del genocidio?

– El presidente Nicolás Maduro aseguraba en la presentación del mensaje anual ante la Asamblea Nacional que la economía venezolana creció 5 por ciento en el 2023 y estimó que para 2024, el crecimiento sea del 8 por ciento. En ese sentido, anunció que se continuará con la política de impulso de la producción nacional de recuperación de los ingresos nacionales, que ya se ha venido haciendo, así como la recuperación del ingreso de los trabajadores. Claro, todo está supeditado a partir de la posible renovación de las licencias o no al sector petrolero, en este caso la 44, donde EE.UU. ha dado un plazo hasta abril y Venezuela como país soberano mantiene la posición de que nosotros no necesitamos el plazo de nadie.

Estamos hablando que pese a los grandes esfuerzos del Ejecutivo nacional de sortear los obstáculos de este genocidio económico, sigue siendo una realidad. Nosotros seguiremos apostando a la recuperación con o sin bloqueo lo cual implica intensificar la diversificación de la economía no petrolera, impulsar las zonas económicas especiales, mantener el equilibrio en el mercado cambiario con la participación de los sectores privados. Veremos cómo van sucediendo las cosas a partir de este escenario.

En conclusión, se puede decir que las perspectivas económicas de crecimiento para Venezuela en 2024 siguen siendo positivas, pero también implican un enorme desafío, que tiene que ver con sortear factores externos que no representan un asunto menor. Eso es importante también tenerlo claro.

¿Cómo se puede garantizar la justicia y la reparación para las víctimas del genocidio económico?

– Es necesario un diálogo político abierto e inclusivo para encontrar soluciones a los problemas generados a partir del bloqueo en Venezuela que incluye la justicia como un pilar fundamental pero bien sabemos, por la última experiencia del Acuerdo de Barbados, que hay sectores extremistas de la oposición que sencillamente no están dispuestos a llegar a acuerdos. Sin embargo, el espíritu de la diplomacia bolivariana de paz, siempre hace invocar el diálogo como mecanismo de negociación.

Es muy importante decir que en un sistema de justicia internacional donde funcionase de manera imparcial, se deberían realizar investigaciones independientes para determinar la responsabilidad y procesos judiciales para condenar a los Estados responsables de cometer bloqueos contra otros. Pero dado el actual escenario geopolítico global, sabemos que eso no va a pasar, porque las principales cortes internacionales, que se suponen son las encargadas de impartir justicia, están a favor siempre de los poderes hegemónicos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El Ejecutivo nacional ha continuado brindando apoyo principal a las víctimas del bloqueo contra Venezuela: la población de más bajos recursos y la más vulnerable, con inversión social, con programas orientados a mejorar la calidad de vida, con proyectos de carácter social. Es un esfuerzo sostenido y concertado hacia quienes más lo necesitan que nos permitirá ir reparando, paulatinamente, las heridas que nos ha dejado el bloqueo económico en Venezuela.

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