La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado denunció un patrón sistemático de malos tratos, violencia física, vejaciones y confiscación de pertenencias ejecutado por soldados israelíes e individuos armados contra palestinos que intentan regresar a la Franja de Gaza.

Los hechos suceden principalmente en el paso de Kerem Abu Salem y ocurrieron previamente en el de Rafah. Testimonios recabados entre el 7 de julio y el 4 de agosto de 2026 detallan jornadas de retorno extenuantes marcadas por amenazas, revisiones intrusivas y despojo de bienes esenciales.

Durante una jornada de julio, 54 de 92 retornados sufrieron el despojo total o parcial de su equipaje, incluyendo medicamentos, equipos de asistencia, documentos de identidad, títulos universitarios y dinero.

A principios de agosto, las fuerzas israelíes golpearon, esposaron y arrastraron por el suelo a un adulto mayor tras reclamar la sustracción de su dinero, encerrándolo en una habitación antes de forzarlo a subir a un autobús.

Las agresiones afectan de forma particular a mujeres y menores de edad. En un caso documentado, dos mujeres fueron aisladas y obligadas a desnudarse por una soldado mientras cámaras de seguridad grababan el procedimiento, activado por un collar metálico.

En otro hecho, una niña de cuatro años cruzó sola a Gaza después de que las autoridades de ocupación impidieron el ingreso de su padre, requiriendo intervención humanitaria para la búsqueda de su familia.

Ajith Sunghay, jefe de Derechos Humanos de la ONU en la zona, calificó estos actos como «parte de un patrón más amplio de violaciones y deshumanización» destinado a disuadir el retorno. «Estas son personas vulnerables que vuelven a su tierra ocupada, devastada por años de bombardeos israelíes y privada de lo más básico. ¿Y ahora tienen que soportar esto al regresar? Es simplemente aborrecible», declaró Sunghay.

Las denuncias coinciden con violaciones documentadas previamente en los cruces, con abusos verbales, intimidación, interrogatorios y robos sistemáticos en equipajes, sin que exista hasta el momento un mecanismo para recuperar los bienes robados.

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Esta humillación sistemática en los pasos fronterizos se inscribe en un patrón más amplio de vulneración de derechos hacia mujeres y niños. La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, denunció que las madres que denuncian violencia doméstica, abuso infantil o abuso sexual son a menudo desacreditadas mediante la aplicación de la teoría de la «alienación parental», lo que deriva en la separación de los niños de su progenitor protector y en el mantenimiento forzoso de contacto con el presunto agresor.

«La información que he recibido sugiere que las madres que buscan proteger a sus hijos de la violencia, incluida la violencia sexual, son demasiado a menudo descreídas y retratadas como inestables o manipuladoras. Al mismo tiempo, las denuncias graves de abuso se minimizan o ignoran», afirmó Alsalem.

Según testimonios proporcionados por 18 madres israelíes, las denuncias de violencia de pareja, abuso sexual infantil, abuso de sustancias y otros problemas graves de protección no son tratadas de manera consistente como factores decisivos en las decisiones de custodia y visitas por parte de los jueces de familia.

Varios testimonios revelan que las madres han sido amenazadas con la pérdida de la custodia o la institucionalización de sus hijos si continuaban alertando sobre el abuso. Los niños que revelan violencia o muestran indicadores de trauma también son descreídos y obligados a someterse a una «terapia de reunificación».

«Las consecuencias son inmensas, resultando en madres protectoras amenazadas y sancionadas, incluso con la pérdida de la custodia de sus hijos, lo que viola gravemente los derechos del niño. Las acusaciones de alienación parental nunca deben ser utilizadas como un arma para silenciar las denuncias de violencia o para desviar la atención del deber de investigar las denuncias de abuso de manera exhaustiva e imparcial», aseveró Alsalem.

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La experta reiteró su llamado al Gobierno israelí y a los tribunales de familia para derogar las leyes y políticas basadas en este concepto desacreditado.

Recordó la obligación de los Estados de modificar las prácticas legales o consuetudinarias que sostienen la tolerancia de la violencia contra la mujer y situar el interés superior del niño en el centro de todos los procesos: «Los niños deben ser escuchados y las denuncias de abuso deben tomarse en serio, y las madres nunca deben ser castigadas por querer proteger a sus hijos», concluyó.

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