La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez exigió justicia ante los hechos violentos ocurridos en la comunidad Gito Dokabu en los departamentos de Risaralda y en Cartagena de Indias.

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La política colombiana rechazó la violencia contra la niña indígena de la comunidad Gito Dokabu en Risaralda. “Expreso mi profundo rechazo ante los hechos de violencia y maltrato contra la niña indígena de la comunidad Gito Dokabu en Risaralda”, dijo Márquez al solicitar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) priorizar las acciones pertinentes para salvaguardar la vida de la menor.

De igual manera, le exige a la Fiscalía colombiana adelantar las investigaciones correspondientes que lleven a sanciones ejemplares para los responsables. “¡No más violencia contra nuestras niñas y mujeres!”, puntualizó la vicepresidenta.

Asimismo, condenó el uso desproporcionado de la fuerza en Cartagena de Indias por parte de varios agentes de Policía contra un joven afrodescendiente, quien fue agredido frente a su madre.

“Condeno el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Policía en Cartagena contra un joven en estado de indefensión, al frente de su madre. Solicito a la Fiscalía, a la Procuraduría General y la Policía de Colombia adelantar las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes”, puntualizó Márquez.

Desde la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia se alzó la voz con profunda indignación para denunciar un acto de violencia ocurrido en la comunidad indígena de Gito Dokabu.

“El pasado 29 de mayo de 2025, circuló un video donde se observa a una joven, menor de edad, siendo brutalmente agredida con tallos herbáceos por dos hombres, hasta el punto de perder el conocimiento por varios segundos”, puntualizó la Comisión.

Al remarcar que “este hecho constituye una grave violación a los derechos humanos, y a los principios espirituales, culturales y políticos de nuestros pueblos indígenas”, la organización insiste en que “nada justifica la violencia contra nuestras mujeres y niñas”.

Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, manifestó que “estos actos injustificables no se pueden escudar en tradiciones ancestrales” al tiempo de agregar que “es inadmisible que bajo el argumento de usos y costumbres se vulneren los derechos fundamentales de niñas y niños”.

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