La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó el lunes una acusación formal contra la abogada y jefa jurídica de la fundación defensora de los Derechos Humanos (DD.HH.) Cristosal, Ruth Eleonora López Alfaro.

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La acusación fue presentada ante el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador (capital), tras la detención arbitaria de López Alfaro el pasado 18 de mayo, por supuesta participación “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” en el momento en que se desempeñaba como asistente del exfuncionario Eugenio Chicas.

En ese momento, la FGR lo expuso en su cuenta de la red social X. Desde entonces, la abogada permanece en detención provisional en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según información publicada por @LPGJudicial , la abogada está siendo juzgada únicamente por el delito de enriquecimiento ilícito, y no por peculado, como lo había informado inicialmente la Fiscalía.

— El Faro (@_elfaro_) June 3, 2025

Sin embargo, fuentes cercanas al caso confirman que el delito imputado fue cambiado a enriquecimiento ilícito, y se elimina así la acusación inicial de peculado.

El caso se declaró bajo reserva total, lo que impide el acceso de los medios de comunicación a los argumentos de la Fiscalía además de limitar la comunicación de los abogados.

La audiencia está programada para el próximo miércoles 4 de junio a las 10:00 de la mañana hora local en el Juzgado Décimo Segundo de Paz. En este mismo caso, Eugenio Chicas, detenido en febrero por enriquecimiento ilícito por un monto de un estimado $202,557.51 y actualmente en la cárcel «La Occidental» de Santa Ana, también será acusado de peculado, aunque el cambio de delito para López Alfaro genera incertidumbre sobre su procesamiento.

En paralelo, Cristosal y familiares de Ruth López han presentado un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, denunciando la «captura arbitraria» de la abogada, pues fue detenida sin orden judicial y mediante engaños por agentes de la PNC.

Cristosal también señaló que la FGR no presentó el requerimiento en las primeras 72 horas de la detención, como exige la Constitución para delitos comunes, y que Ruth López no tuvo «comunicación libre y privada con un equipo legal».

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