La fiscalía general del Estado de Bolivia confirmó la emisión formal de una «orden de aprehensión contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo», dentro de una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de «tráfico de sustancias controladas y organización criminal», según lo indicó el Ministerio Público este jueves 5 de noviembre.

El requerimiento de la comisión de fiscales asignada en Santa Cruz se sustenta de manera exhaustiva en «la existencia de riesgos procesales inminentes», derivados de la falta de acreditación idónea de un domicilio procesal por parte de la exautoridad judicial. 

El fiscal general interino, José Armando Urioste, ratificó «la validez del mandamiento» señalando que «efectivamente se ha librado la orden que está corriendo, es efectiva y fue expedida por los fiscales del caso tras sopesar los elementos de convicción». En este sentido, Urioste detalló que el expediente penal se encuentra actualmente bajo «reserva temporal» debido a la intervención directa de «testigos protegidos» cuyas identidades deben resguardarse. 

Asimismo, la representación del Ministerio Público informó sobre «las coordinaciones internacionales puestas en marcha para gestionar el sello rojo de Interpol» y la «activación formal de alertas migratorias» tras recabar indicios del desplazamiento físico del investigado fuera de las fronteras nacionales. 

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se refirió al «desplazamiento del magistrado» explicando que «probablemente haya salido por un pase autorizado, porque no tenía alerta migratoria o arraigo al momento exacto de cruzar los controles fronterizos».

LEE TAMBIÉN:

Oposición boliviana exige investigar audios que vinculan a Cerimedo con el Gobierno

Oviedo añadió además que «las agencias de inteligencia se encuentran analizando la presunta vinculación de la exautoridad judicial con redes de criminalidad organizada investigadas en el departamento de Santa Cruz durante las últimas semanas». 

Frente al avance de las resoluciones judiciales, Saucedo difundió un pronunciamiento público confirmando de manera categórica su salida de Bolivia hacia el «exilio» en compañía de su núcleo familiar. En su comunicado denunció «la existencia de una abierta persecución política encaminada a descabezar el Poder Judicial» y justificó su ausencia argumentando que «las acusaciones responden a un ataque por cuestionar al poder político». 

En su declaración, el juez sostuvo de forma enfática que «habria salido sin tener procesos abiertos, pero sabe que empezarán pronto», remarcando que «el exilio no significa una renuncia al ejercicio institucional de sus funciones». 

En consecuencia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia determinó «la designación formal de la magistrada Rosmery Ruiz para asumir la presidencia temporal en ejercicio del máximo ente colegiado de administración de justicia». 

La directiva transitoria del tribunal notificó «el establecimiento de un plazo perentorio de seis días para el retorno de Saucedo a la sede institucional en Sucre», a fin de definir los trámites de suplencia legal y el tratamiento procesal referente a la prerrogativa del «juicio de responsabilidades» prevista en el marco regulatorio nacional. 

La emisión de la orden de aprehensión y la posterior salida del país del presidente del Tribunal Supremo de Justicia sitúan al sistema judicial de Bolivia en un estado de severa complejidad institucional. La apertura de procesos penales por delitos vinculados al crimen organizado contra la máxima autoridad del Poder Judicial ocurre en un marco de indagaciones previas que han involucrado a altos operadores del sistema de justicia en distintas regiones del país. 

El abandono del cargo y la declaración de exilio por parte de Romer Saucedo obligan a la Sala Plena del organismo judicial a reorganizar de forma prioritaria su estructura directiva y sus mecanismos de quórum operativo. Las normas procesales y constitucionales determinan que el juzgamiento de las máximas autoridades de los tribunales nacionales requiere definir los alcances de la inmunidad inherente a la función antes de dar curso a las determinaciones de la jurisdicción penal ordinaria. 

La activación de alertas internacionales y el trámite de la notificación ante Interpol reconfiguran el tratamiento del expediente judicial, desplazando el eje del proceso penal hacia el ámbito de la cooperación judicial internacional. El desarrollo de las diligencias y las medidas de la Fiscalía General marcarán los precedentes sobre la continuidad del mando institucional y la resolución de las causas procesales incoadas contra miembros del órgano judicial. 

EN ESTA NOTA: