La Fiscalía General de Colombia impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de la petrolera de origen francés Perenco en Bogotá, señalada de financiar grupos paramilitares en el marco del conflicto armado interno.

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Las dos oficinas, ubicadas en un edificio del centro financiero de la capital colombiana, están valuadas en más de 10 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 41.318 millones de pesos colombianos.

Estos bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de ser utilizados para indemnizar a la población civil afectada por el accionar paramilitar, especialmente en el departamento del Casanare, una de las regiones más golpeadas por la violencia.

La acusación principal contra Perenco es que habría financiado al Bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Casanare.

Según la Fiscalía, este presunto vínculo ocurrió entre 1997 y 2005, un período en el que la petrolera supuestamente incrementó su presencia y patrimonio en la región.

Las acusaciones se sustentan en versiones rendidas ante la justicia transicional por excomandantes paramilitares como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco.

Estos exjefes aseguraron que la empresa aportaba dinero, combustible, alimentación y transporte al grupo armado ilegal, a cambio de un supuesto «servicio de seguridad» prestado por los paramilitares en sus zonas de extracción petrolera.

La investigación, liderada por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, fue un proceso complejo que implicó inteligencia financiera, cooperación internacional y análisis criminal; en la que la Fiscalía logró identificar los activos gracias a un trabajo articulado con la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la cual Colombia es parte.

Esta colaboración permitió acceder a información sobre la estructura corporativa y el control de operaciones de la empresa en Colombia.

Además, se recopiló información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de la empresa, lo que confirmó la relación entre la compañía y el grupo armado.

Con base en todo este material probatorio, las medidas cautelares fueron solicitadas por la Fiscalía y otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá.

La investigación contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades estatales.

Cabe señalar que esta no es la única acción legal relacionada con Perenco, ya que en septiembre de 2024, un fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá ya había confirmado la resolución de acusación contra dos exfuncionarios de Perenco, Antenor Sarmiento Delgado y Ramiro Pinzón Suárez, por su presunta financiación al frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros de las AUC entre 1996 y 2006.

Ambos están acusados desde diciembre de 2022 por el delito de concierto para delinquir agravado, conducta que fue declarada de lesa humanidad.

Perenco, que se instaló en Colombia en 1993, y que en 2024 produjo unos 165.000 barriles de crudo diarios en 34 campos petroleros en Casanare, aún no se ha pronunciado sobre este embargo.

Esta acción de la Fiscalía representa un avance clave en el esfuerzo del Estado colombiano por garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de un conflicto armado que ha dejado un saldo de 1.1 millones de muertos, 200.000 desaparecidos y 9 millones de desplazados.

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