Un fallo de la Cámara Federal de San Martín revocó una medida cautelar que protegía el pago del beneficio social a casi un millón de personas en Argentina, ordenando la discontinuidad inmediata de las transferencias.

La decisión afecta principalmente a trabajadores sociales de comedores populares y referentes de organizaciones como el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quienes recibían un ingreso congelado en 78.000 pesos desde que el gobierno nacional desacopló estos programas del salario mínimo vital y móvil en diciembre de 2023.

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Si se hubiera mantenido la actualización normativa, el beneficio debería ascender hoy a 186.200 pesos, pero la resolución judicial argumenta que mantener el pago «implicaría adelantar el resultado final del juicio». Esto confirma la política iniciada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien ya había anunciado el cese de envíos de alimentos y pagos a partir del primero de mayo de 2026, aunque el Ejecutivo había acatado temporalmente la cautelar para los meses de mayo, junio y julio.

«La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidado del salario social complementario», denunció la UTEP en su cuenta en la red social X.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) July 13, 2026

Dirigentes sociales denunciaron lo que consideran un ataque sistemático contra los sectores más vulnerables. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló que el gobierno reafirma su «desprecio» hacia los trabajadores sociales, quitándoles su único ingreso, mientras que Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, advirtió que esta medida profundizará la crisis social y golpeará las economías locales al retirar dinero de circulación en comercios barriales. Duarte culpó también a los gobernadores provinciales por acompañar estas políticas que, aseguró, harán estallar la crisis en los territorios.

Belliboni criticó a la justicia al afirmar que «le dió la razón a Petovello-Mille» en que está bien que alrededor de 1 millónde trabajadores sigan prestando servicios asistiendo en los barrios más pobres, pero sin ninguna renumeración por su trabajo. «Está bien la Esclavitud?», cuestionaba el de Polo Obrero en su publicación en X ante el fallo.

Ante la revocatoria, las organizaciones anunciaron que apelarán la decisión judicial y profundizarán la protesta social mediante asambleas y cortes de ruta, métodos históricos del movimiento piquetero. La eliminación de este subsidio representa una pérdida del 58 por ciento respecto a la norma original y del 76 por ciento frente a la canasta básica alimentaria, agravando la situación de cientos de miles de familias en medio de un contexto de alta inflación y desmantelamiento de redes de contención estatal.

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