Un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó el miércoles su profunda alarma ante el «uso excesivo de la fuerza» por parte de las autoridades de Francia para dispersar las recientes manifestaciones estudiantiles que recorren el país.

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Entre los firmantes del comunicado figuran Gina Romero, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Farida Shaheed, experta de la ONU en derechos culturales.

Los especialistas señalaron que la magnitud de las detenciones masivas —que han afectado a miles de personas, en su mayoría menores de edad— resulta «desproporcionada» y genera un efecto disuasorio sobre el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica.

La ola de movilizaciones inició a mediados de septiembre impulsada por las precarias condiciones en los centros educativos, donde los estudiantes denuncian el deterioro de las infraestructuras, el hacinamiento en las aulas y la falta de personal docente.

Con el paso de las semanas, las protestas se sumaron a las manifestaciones nacionales contra el incremento del coste de la vida, desencadenando en algunos puntos episodios de disturbios y saqueos.

La respuesta de las fuerzas de seguridad ha alcanzado dimensiones extraordinarias; el Ministerio del Interior de Francia movilizó a 70.000 efectivos policiales durante las jornadas del último fin de semana, en las que participaron unos 410.000 manifestantes a nivel nacional.

Sólo el pasado sábado se registraron cerca de 1.000 arrestos, sumándose a las 2.700 personas detenidas la semana previa tras registrarse actos de vandalismo contra comercios e inmuebles públicos.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, aseguró que las autoridades mantendrán una vigilancia y firmeza extremas para contener cualquier intento de alteración del orden público.

Los expertos de las Naciones Unidas hicieron hincapié en las consecuencias físicas de las intervenciones policiales; la gestión de la seguridad ha quedado bajo escrutinio público tras incidentes como el ocurrido en la ciudad de Lille, al norte del país, donde un adolescente sufrió la amputación de una mano debido a la explosión de una granada durante un enfrentamiento entre estudiantes y la policía.

«Las lesiones graves y, en algunos casos, irreversibles sufridas por manifestantes menores de edad durante las operaciones policiales son inaceptables e injustificables«, recalcaron los relatores de la ONU en su declaración conjunta.

Asimismo, recordaron que se ha instado en reiteradas ocasiones al gobierno francés a revisar exhaustivamente sus estrategias y prácticas de control de orden público para privilegiar la resolución pacífica de los conflictos sociales.

A pesar de que el Ejecutivo francés implementó iniciativas de diálogo durante el mes de octubre para atender las peticiones de los estudiantes, los relatores consideran que la prioridad otorgada a la respuesta de seguridad ha desplazado la atención de los problemas estructurales.

Analistas atribuyen el estancamiento a una severa crisis fiscal y a los recortes presupuestarios previstos en el país, los cuales han reducido los recursos destinados al sector educativo.

Desde la acera estudiantil, la vocera de la Unión de Estudiantes, Alice Cohen-Morzadec, calificó la situación como un «estallido generalizado de resentimiento» contra las políticas del presidente Emmanuel Macron.

Los expertos de las Naciones Unidas confirmaron que se mantienen en contacto directo con las autoridades francesas para dar seguimiento a la situación y abordar las violaciones denunciadas.

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