María Corina Machado, quien se proclama como líder de la oposición, asegura que su “lucha” será “hasta el final” y recientemente publicó un video con amenazas dirigidas al Estado venezolano y sus instituciones, en especial a las encargadas de organizar las elecciones.

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Además, exige una transición que le garantice asumir el poder político con el apoyo de la «comunidad internacional».

En 2021, la opositora fue inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos por la Controlaría General de la República (CGR). La medida fue ratificada el 26 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que adujo en su sentencia que por ser objeto de mencionada sanción, Machado incumple los requerimientos establecidos y exigidos por el Acuerdo de Barbados.

Vale mencionar que la opositora ya había sido notificada de su inhabilitación en junio de 2023, sin embargo decidió desafíar a la Justicia y continuar con su campaña.

 

Machado fue penalizada por realizar llamados públicos a una intervención armada en territorio nacional, por acreditarse como representante alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) mientras era asambleísta, además de ser parte de la trama de corrupción orquestada por el exdiputado opositor Juan Guaidó que ocasionó pérdidas al Estado venezolano por un mínimo de 4.000 millones de dólares.

Las súplicas del bloqueo

Por su parte, el prófugo de la Justicia, Leopoldo López, también reclama el regreso de las medidas coercitivas estadounidenses contra Venezuela. «Debe haber una respuesta y no debería continuar con el esquema de haber relajado las sanciones, es la respuesta que esperamos”, dijo el representante de la oposición.

El pedido de López se anticipa al debate legislativo en Estados Unidos (EE.UU.) de la renovación de la Licencia General Nº 44 a la industria petrolera y gasífera venezolana, que implicó, en palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el levantamiento provisorio de las sanciones en el sector. Esta acción estadounidense tuvo lugar en el marco de las negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma de la Unidad Democrática en Barbados. Ya en enero, Biden revocó la Licencia General Nº43, concedida a la empresa estatal de oro de Venezuela.

El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Romero, señaló a teleSUR que los reclamos de actores como Leopoldo López o Machado forman parte de una operación estadounidense en la cual “hay un conjunto de actores dentro del sistema político que no son capaces por la vía electoral de obtener el poder y por lo tanto optan por mecanismo no formales”.

Para el parlamentario, el discurso sostenido por estas figuras opositoras, tiene por fin otorgar justificativos a EE.UU. para reeditar las medidas coercitivas aplicadas contra Venezuela “que han causado pérdidas superiores a los 640.000 millones de dólares, con los perjuicios que ello conlleva para toda la población.”

Patio trasero

Romero señala que este tipo de estrategias son viabilizadas a través de ONGs financiadas por la National Endowment for Democracy (NED), sobre las cuales se estructuran las estrategias de desestabilización.

Un ejemplo de ello es el Casla Institute, organización “no gubernamental” que destaca en su página oficial estar “en el frente de la batalla de ideas” y que es financiada por la NED y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La abogada y directiva de mencionada organización, Tamara Suju, quien ha tomado relevancia a nivel mediático en los últimos años, demandó recientemente a EE.UU. que recupere su “patio trasero” públicamente.

Como respuesta a este tipo de maniobras, recientemente el Gobierno venezolano ha aprobado una ley de control del financiamiento de este tipo de organizaciones que, a criterio de Ramos, han sido utilizadas “como un mecanismo de penetración y de desestabilización”.

Black Operations

Los entramados organizativos no se limitan a la disputa discursiva. Autoridades venezolanas han descubierto el funcionamiento de organizaciones ilegales con fines desestabilizadores que incorporan elementos armados en su planificación. 

A mediados de febrero, fue desarticulada la “Operación brazalete blanco”, que incluía el taque contra cuarteles del ejército para apropiarse de armas e iniciar una serie de actos con el objetivo último de hacerse con el poder del Estado nacional.

“La misión del plan era desestabilizar al país; aglomerar a las masas utilizando a los gremios y estudiantes para incentivar a un ala militar para que atentara contra las empresas energéticas del país y así poner en jaque al Estado” señaló el fiscal general, Tarek William Saab.

Entre los implicados, se encuentra el director del Comando de Campaña de María Corina Machado, Emil Brandt Ulloa, quien confesó que el 6 de diciembre del 2023 se dieron instrucciones de iniciar acciones desestabilizadoras que debían iniciar para forzar la habilitación de la referente opositora.

Además, reconoció que para las actividades de campaña de Machado, “el dinero proviene de ONG extranjeras y que los dirigentes principales movilizan muchos dólares en efectivo, porque cada vez que realizan visitas a entidades, ellos entregan dinero”.

El diputado Romero, por su parte, señala que este tipo de operaciones puestas en marcha por Estados Unidos en cuanto a “estrategias de subversión” es la aplicación de “black operations” mediante las cuales oculta su participación.

Según la Fiscalía General de la República, entre 2023 y lo que va de 2024 existieron al menos cinco conspiraciones, desactivadas y todos los detenidos están convictos, confesos y han develado información sobre los planes que atentaban contra la estabilidad nacional. En tanto, según el órgano investigativo, las pruebas conducen a que las conspiraciones están vinculadas unas con otras y forman parte de un plan más amplio.

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