El Gobierno de España intensificó los operativos de emergencia en la provincia suroriental de Almería para combatir el incendio forestal de Los Gallardos, considerado ya el más mortífero en la historia de Andalucía. Hasta este sábado 11 de julio, se contabilizan 12 personas fallecidas y una veintena de ciudadanos no localizados, en un siniestro de extrema virulencia que devastó más de 6.600 hectáreas de terreno.

Las autoridades andaluzas confirmaron que la mejoría en las condiciones meteorológicas, caracterizada por vientos débiles y un incremento de la humedad, abrió una ventana de oportunidad para el ataque directo contra el fuego. Más de 500 efectivos de extinción, entre los que se incluyen 200 miembros de las fuerzas militares, trabajan activamente en el perímetro afectado para consolidar las líneas de defensa.

El operativo de seguridad civil evacuó de forma preventiva a 1.448 personas procedentes de las zonas rurales y los complejos de alojamiento turístico destruidos por el avance sorpresivo de las llamas. Los equipos forenses del Instituto de Medicina Legal trasladaron muestras biológicas hacia los laboratorios especializados de Madrid con el fin de avanzar en la identificación de las víctimas mortales.

Paralelamente, las patrullas de la Guardia Civil despliegan inspecciones minuciosas vivienda por vivienda en los sectores donde el fuego avanzó con mayor rapidez para descartar la presencia de más damnificados atrapados. Durante los procedimientos de evacuación forzosa, las fuerzas policiales arrestaron a dos personas por desobedecer las órdenes de restricción e intentar reingresar ilegalmente a los perímetros de exclusión.

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advirtió que el comportamiento inédito de las llamas, las cuales llegaron a avanzar a una velocidad de 100 metros por minuto, responde directamente a las consecuencias de la emergencia climática global. El Ejecutivo central coordina el envío de recursos técnicos adicionales para acelerar el control definitivo de los focos que permanecen activos en la península ibérica.

Los municipios afectados inician paulatinamente el retorno de sus habitantes bajo estrictas medidas de supervisión en los sectores donde el riesgo de reactivación ha disminuido sensiblemente gracias a las quemas técnicas de contención. Las organizaciones sociales y gubernamentales mantienen activos los dispositivos de asistencia humanitaria para garantizar el alojamiento temporal y el apoyo psicológico a las familias damnificadas por la tragedia ecológica.

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