Las empresas pesqueras de Uruguay continúan este martes en huelga como protesta contra la crisis de seguridad, y exigen además al Gobierno de Luis Lacalle Pou políticas de seguridad social.

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Por su parte, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) se negaron a realizar negociaciones laborales en el marco legislativo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En un comunicado emitido por CIPU y CAPU el lunes, refirió que “teniendo en cuenta que la respuesta del Poder Ejecutivo a los planteos realizados por el sector empresarial para enfrentar la crisis de la pesca no modifica la situación actual y que supone la inviabilidad económica del sector”.

En este sentido, “CAPU y CIPU consideran que no están dadas las condiciones en sentido general para retomar la operatividad, más allá de las decisiones que tome cada empresa”.

Por su parte, las cámaras pesqueras llevan meses presionando al Gobierno para iniciar  transformaciones en la regulación de la actividad y responsabilizan al Ejecutivo de “firmar el acta de defunción de la pesca en Uruguay”.

El sector pesquero, se encuentra en su mayor parte paralizado con al menos el 60 por ciento de la flota y más de 2.000 puestos de trabajo afectados.

Asimismo, denunciaron la imposibilidad de la actividad por fuera de la zafra por los altos costos y demandan a las autoridades transformaciones que disminuyan los costos, entre los que se encuentra la modificación el decreto 233 de 2009 por el que se otorgó un cómputo jubilatorio bonificado para los trabajadores pesqueros.

También solicitan las primas por accidentes del Banco de Seguros (BSE), que son señaladas como de las más altas del país, así como los costos de permisos de pesca de la Dinara, la transformación de las multas en apercibimientos y equiparar las condiciones de costos y operaciones en puertos y muelles son otras cuestiones puestas sobre la mesa por las cámaras pesqueras.

Los trabajadores del sector advirtieron que la situación en términos de ingresos y disponibilidad de empleo, y sostuvieron que la existencia de otras intenciones por parte de las compañías, como la obtención de beneficios impositivos, la eliminación de la jubilación bonificada o, incluso, llevar la actividad a la zafra de manera permanente.

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