El Tribunal Electoral aún no había anunciado los primeros resultados cuando Nayib Bukele se presentó como vencedor de las elecciones presidenciales con el 85 por ciento de los votos y señalaba que su partido se había hecho con 58 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

LEA TAMBIÉN:

Milei en el laberinto

El proceso electoral estuvo opacado por una serie de irregularidades, que abarcaron desde la suspensión del sistema de conteo rápido hasta una maniobra para restringir los recursos económicos a los partidos opositores.

Su victoria no sería validada hasta cinco días después de la contienda electoral e implica el inicio de un Gobierno inconstitucional a partir de junio. Esto debido a que su candidatura sólo fue posible debido a la imposición de todos los miembros de la Corte Suprema del país y el relevo intempestivo de los cinco magistrados de la Corte en lo Constitucional. 

En contraste con su primera campaña, Bukele no realizó promesas de campaña ni presentó un plan de gobierno en un país en la pobreza extrema se duplicó durante su gestión y la inflación de alimentos superó el 16 por ciento interanual.

Hacía un Gobierno de facto

“En primer lugar, la candidatura es inconstitucional”, señaló el profesor y economista César Villalona en exclusiva para teleSUR, “está prohibida en seis artículos de la Constitución y eso no puede ser modificado si no se hace una reforma constitucional e incluso algunos artículos son pétreos. Es decir, no se pueden cambiar”.

El espíritu mismo de la Constitución salvadoreña es contrario a la reelección. De hecho, la Carta Magna es posterior a la reelección del general Maximiliano Hernández Martínez, responsable del asesinato de más de 20.000 indígenas y campesinos en una sola semana.

El texto constitucional prohíbe explícitamente postularse a quien haya sido presidente en el «periodo inmediato anterior”. Pero también menciona en su artículo 75 que «pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República”. 

Asimismo, el artículo 88 menciona que «la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”. 

“Sin embargo, la Sala en lo Constitucional de El Salvador interpretó la Constitución a su modo y dijo que Bukele podía ser candidato”, señaló Villalona. 

De hecho, la decisión fue tomada en el año 2021, luego de la destitución de todos sus magistrados junto al fiscal general. La acción fue realizada sin el debido proceso y fue seguida del inmediato reemplazo de todos los integrantes del órgano judicial, lo que le valió la condena de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a cargo por entonces de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

“Entonces las elecciones son ilegales, es decir si Bukele toma posesión como presidente de la República el primero de junio, surge un Gobierno de facto, un Gobierno no sustentado en ninguna norma legal”, sentenció el economista.

70 millones que no alcanzaron

Bukele autoprocalmó su victoria en la red social X a las 18H56 (hora local) del domingo 4 de febrero; dos horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundiera los primeros resultados provisorios. Sin embargo, los datos publicados eran inconsistentes y revelaban errores graves en el procesamiento.

Tras las primeras reacciones, el sistema de seguimiento virtual de los resultados dejó de estar disponible en la web. Y a las dos de la madrugada del lunes, la entidad electoral que recibió 70 millones de dólares para la realización de los comicios, comunicó la suspensión del conteo preliminar. 

Según la presidenta del TSE, Dora Martínez, las fallas podrían deberse a un supuesto “boicot” que,  aseguró, será investigado por la Fiscalía. 

 

No fue hasta cinco días después de la autoproclamación de Bukele que los miembros del TSE convocaron una conferencia de prensa para presentar los resultados definitivos. El viernes 9 de febrero, los magistrados anunciaron oficialmente la victoria del candidato presidencial por el partido Nuevas Ideas con el 82,66 por ciento de los votos.

 

A su vez, según datos del ente comicial, más de la mitad de los electores no habían participado de la contienda (56 por ciento). En tanto, la presidenta del TSE no declaró con respecto a las elecciones legislativas, de las que no se ha presentado ningún tipo de información oficial.

Ante estas irregularidades, diputados opositores de diferentes partidos denunciaron el mismo viernes la falta de transparencia en el conteo de votos frente a la sede del TSE, al tiempo que hicieron entrega de una solicitud de una repetición de las elecciones.

 

Por otro lado, denuncias de suplantación de personal capacitado para conformar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) por personas afines al partido oficialista, el hallazgo de papeletas marcadas en centros escolares y la improvisación en los procesos por parte del TSE marcaron el desarrollo de los comicios del pasado domingo.

El dueño de la pelota

Las irregularidades no se limitaron a las elecciones y al conteo. En la campaña, el Gobierno utilizó el Estado como aparato de propaganda oficial financiado con fondos públicos: a pesar de que el Código Electoral impide la propaganda desde tres días antes de la elección, la televisión y radio estuvieron saturadas de anuncios gubernamentales.

Asimismo, se le congeló los fondos de la deuda política a partidos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lo que resultó en una reducción en su capacidad de hacer campaña. La asimetría en el financiamiento de la actividad preelectoral se hizo evidente en las calles, donde la proporción de carteles color cyan contrastaba con la ausencia de publicidad opositora.

 

Por otra parte, el Ejecutivo reconfiguró el mapa político a su medida apenas ocho meses antes de las elecciones: redujo las diputaciones de 84 a 60; cambió la forma en la que estas se reparten y alteró el número de municipios de 262 a 44.

En el diseño de su elección también se incluyó un nuevo sistema de votación en el exterior por el cual se habilitó a los electores a ejercer su voto por internet desde cualquier celular o computadora y la posibilidad de realizar voto anticipado durante un mes entero.

El resultado fue contundente; en la anterior elección presidencial, votaron 3.808 personas. Tres días antes de la jornada electoral, más de 150.000 votantes, casi todos en Estados Unidos (EE.UU.), ya habían emitido su sufragio.

¿Y ahora, qué?

En su discurso del domingo, Bukele declaró desafiante:  “en estos próximos 5 años esperen a ver lo que vamos a hacer…“. No obstante, hasta el momento no ha planteado públicamente cuáles serán las metas ni el plan de gobierno para su próxima administración.

“La carta de presentación de Bukele es el éxito en la seguridad pública; pero esa es la única variable donde él puede decir que hemos mejorado en el país pero en todo lo demás hay deterioro” señala el profesor Villalona.

De hecho, durante los últimos cinco años, la pobreza extrema aumentó de 4,5 por ciento al 8,5 por ciento, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de El Salvador, mientras que la canasta básica de alimentos tuvo un incremento estimado de un 30 por ciento en dólares los últimos tres años.

 

Las proyecciones económicas no son más alentadoras. Villalona describe que para El Salvador este año se calcula un crecimiento del 2 por ciento y es el peor de Centroamérica, dado que toda la región crece por encima del 3 por ciento interanual.

Del mismo modo, El Salvador se encuentra significativamente rezagada respecto al resto de sus países vecinos en cuanto a inversión extranjera. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador junto con Guatemala fueron los dos países de Centroamérica que cerraron el 2022 con una Inversión Extranjera Directa negativa. Guatemala tuvo 61 millones de dólares en inversión menos que en 2021 y El Salvador 131 millones de dólares menos. 

A su vez, El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica, y 76.4 por ciento de su producto bruto interno (PBI) está comprometido con vencimientos agendados para la segunda mitad de su segundo mandato de Bukele.

El mandatario recibió una deuda de 12.717 millones de dólares a mediados de 2019, y durante su administración creció de forma acelerada hasta los 17.898 millones de dólares.

En ese sentido, pese a sus confrontaciones en el pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno salvadoreño recibió una misión del organismo financiero a fines de enero del corriente año, en medio de las negociaciones de un préstamo por 1.300 millones de dólares.

Por su parte, el FMI realiza múltiples exigencias recesivas y antipopulares como el aumento del IVA, el recorte del gasto público y los subsidios y la reducción de los empleados estatales. Además, El Salvador debería proceder a la eliminación del Bitcoin como moneda de circulación legal.

En tanto, el Gobierno de Bukele afronta diversos focos de conflicto, incluido el reclamo de justicia de las miles de víctimas del régimen de excepción. Sólo en los últimos dos años, unos siete mil inocentes fueron liberados tras sufrir múltiples vejaciones y torturas dentro de las prisiones salvadoreñas.

La directora de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, señaló en declaraciones a teleSUR que “hasta febrero se reportan 230 muertos en las cárceles de muerte y tortura, a 22 meses desde el régimen de excepción”, y sigue “el 94 por ciento de estas personas era completamente inocentes y el 6 por ciento estaba perfilado como pandilleros”.

Pese a esto, la población subordinada durante años a la extorsión y la violencia de las pandillas, el grueso de la población parece comprender que este es un costo alto pero necesario para pasar de ser “el país más peligroso del mundo a ser el más seguro del hemisferio occidental”, como señala Bukele.

Sin embargo, hoy la economía, el empleo y el aumento de precios son las principales preocupaciones para la población salvadoreña. De hecho, pese al apoyo que cosechó el Gobierno el domingo, miles de ciudadanos deciden abandonar el país en busca de oportunidades. Villalona señala que en el periodo 2019-2024 emigraron del país más de 340.000 personas.

A estas cuestiones se suma la deriva autocrática de Bukele y la consecuente impunidad de un régimen que controla todos los poderes del Estado. Medios alternativos difunden denuncias documentadas de corrupción y negociaciones con líderes pandilleros por parte del Gobierno, denuncias que nunca son atendidas ni abordadas por la mayoría de los medios de comunicación, favorables en su mayoría al oficialismo. Mucho menos son recibidas por los tribunales.

Con este panorama por delante, no son pocos los desafíos que deberá afrontar quien emergió como un fenómeno de la comunicación política. Hasta ahora, esta habilidad le ha permitido a Bukele ocultar sus debilidades tras su espectacular campaña de securitización. Sin embargo, las expectativas de la población varían y el mandatario deberá atender a las demandas materiales de sus gobernados, y hasta el momento no ha demostrado tener la pericia para lograrlo.

El economista Villalona vaticina que por las propias características del modelo económico en desarrollo, los próximos años estarán signados por la concentración de la riqueza y el único cambio respecto a regímenes anteriores será el ingreso de la nueva burguesía que creció a costas de las prebendas del Estado a la oligarquía salvadoreña. “El pueblo no tiene nada que esperar de este Gobierno”, sentenció el profesor.

EN ESTA NOTA: