Un 57,9 por ciento de la población salvadoreña considera que es muy o algo probable que una persona “pueda sufrir consecuencias negativas” por emitir críticas al Gobierno o al presidente Nayib Bukele, de acuerdo con una pesquisa del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop).

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En este sentido, la encuesta realizada por Iudop muestra que un 48,3 por ciento cree que podría ser detenido o encarcelado por esta situación.

Asimismo, la directora Iudop, Iliana Álvarez refirió que “la población salvadoreña comienza a mencionar explícitamente su preocupación ante detenciones, encarcelamientos y violaciones a derechos humanos ocurridos en el país”.

Mientras, un 10,2 por ciento de los ciudadanos encuestados cree que podría recibir advertencias, amonestaciones o multas por criticar la gestión del presidente Bukele, un 7,4 por ciento considera que tendría problemas en su trabajo o podrían despedirlo.

Entre tanto, Álvarez agregó que “la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2,1 por ciento de la población expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país”.

Asimismo, otros datos presentados describen que el 39.2 por ciento de la población consultada dijo que la economía es el principal problema que enfrenta El Salvador. La población encuestada disminuyó en 3 décimas la percepción del presidente Bukele en referencia al 2024 (8.15 puntos en esta ocasión).

En este sentido, movimientos sociales y organizaciones civiles han denunciado la persecución política y violaciones de violaciones a derechos humanos en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que ha manipulado el combate para las pandillas.

Otro dato a destacar es que organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que al menos 415 personas han fallecido bajo la custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del estado de excepción, que lleva más de tres años imponiéndose en el país.

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