El Congreso de El Salvador dio luz verde a la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que se aplicará a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y que establece un impuesto del 30 por ciento sobre sus ingresos.

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Esta legislación impone un gravamen a la cooperación financiera internacional. Por cada transacción económica, desembolso, transferencia, importación de bienes o cualquier otra operación que provenga de fondos extranjeros, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos destinados a sus representantes en el país, se aplicará un impuesto del 30 por ciento.

El objetivo de esta ley es garantizar la transparencia en los recursos que reciben las ONG, evitando que estos se utilicen para fines políticos o desestabilizadores, según explicaron los legisladores. No obstante, la sociedad civil sostiene que la verdadera intención es silenciar las voces críticas.

Alrededor de una treintena de líderes de organizaciones no gubernamentales expresaron su postura sobre este asunto. La ley fue aprobada la noche del martes con 57 votos a favor de un total de 60 diputados, sin mayor debate en menos de dos horas.La iniciativa había sido anunciada previamente por el presidente Nayib Bukele y, tras su aprobación por parte de los legisladores oficialistas, las reacciones no tardaron en llegar.

«Este es un intento de castigar y reprimir el trabajo de denuncia, la exigencia de derechos y la rendición de cuentas, así como la denuncia de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se trata de un ejercicio represivo y autoritario», afirmó este miércoles Verónica Reina, directora del Servicio Social Pasionista.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, dijo que con esta ley el Estado argumenta que las organizaciones de la sociedad civil carecen de transparencia y no rinden cuentas sobre quién las financia, lo cual rechazó en forma categórica.

La Asociación de Periodistas también advirtió que esta medida podría afectar la libertad de expresión. Estas organizaciones esperan pronunciamientos por parte de los donantes y la comunidad internacional. Según los legisladores, parte del impuesto recaudado será destinado a abordar las problemáticas que enfrenta la comunidad de El Bosque, que fue reprimida por la policía durante una manifestación en busca de apoyo para evitar desalojos.

Durante una conferencia de prensa, las organizaciones sociales también solicitaron la liberación inmediata de Rut López, abogada de la Fundación Cristosal, así como de otros defensores de derechos humanos que han sido detenidos recientemente por elementos de la Policía Nacional Civil.

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