En Argentina, el vínculo entre los gobernadores provinciales y la administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei es, en estos momentos, uno de los temas centrales de la agenda política del país.

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El Gobierno nacional cargó parte del ajuste en las espaldas de las administraciones provinciales y recortó en más de un 80 por ciento las Transferencias No Automáticas (TNA). De estos fondos dependen las provincias para subsidiar el transporte y poder pagar a empleados públicos; desde docentes, hasta médicos y policías.

Como respuesta, provincias patagónicas amenazaron con “cerrar la canilla” del gas y el petróleo, y la iniciativa cosechó el apoyo de todas las administraciones provinciales del país en contra del Ejecutivo nacional, sin importar el partido político de sus gobernadores.

 

Sin embargo, Milei lanzó una convocatoria al diálogo, con la expectativa de conseguir una posición más favorable de parte del Congreso, donde los legisladores provinciales son claves para aprobar cualquier iniciativa.

Pacto de Mayo

El pasado 1º de marzo, durante el inicio de las sesiones ordinarias del legislativo, Milei convocó a un diálogo con las provincias en torno a diez puntos, que culminaría con la firma de un compromiso “refundacional”. El acuerdo sería rubricado por el Ejecutivo nacional y los gobernadores el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba.

Como parte de ese proceso de diálogo, este miércoles fueron convocados los ministros de Economía de las provincias a la Casa Rosada, y el próximo 8 de marzo (día en que se prevé una gran movilización por el Día de la Mujer) se realizará una primera reunión entre los líderes provinciales y el Ejecutivo provincial.

Con el llamado al diálogo, el mandatario mostró un cambio en su habitual postura disruptiva, propia su característica propia de outsider antipolítica. Si bien Milei expresó que puede gobernar sin el Congreso, hay vectores de la realidad que señalan que necesita de consensos políticos para llevar adelante el plan económico neoliberal anunciado por el mandatario.

 

En primer lugar, Argentina cuenta con serias restricciones al financiamiento externo además de estar condicionada por los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante la campaña, Milei aseguró que no tendría problemas con el organismo financiero, dado que estaba dispuesto a hacer mucho más ajuste del exigido por la entidad.

Sin embargo, la número dos del organismo financiero, Gita Gopinath, tras su visita al país manifestó la necesidad de  «trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas». En concreto, Gopinath demandó leyes antes de sentarse a negociar con Argentina.

No es el único frente al que debe atender la Casa Rosada. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, por el cual Milei desreguló la economía, derogó una serie de leyes e introdujo un paquete de cambios a la legislación laboral podría ser rechazado en la primera sesión del Senado y perder, por tanto, su vigencia. En la Cámara Alta el peso de los gobernadores es aún mayor, por lo cual la única norma que avala la transformación impulsada por Milei depende de su relación con los líderes provinciales.

Como advirtió el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, “la debilidad parlamentaria del oficialismo no se condice con una actitud imperativa; el Poder Ejecutivo necesita leyes del Congreso y, sin mayoría propia, eso implica negociar”.

Una relación difícil

Las hostilidades iniciaron cuando el proyecto de Ley que pretendía facultades delegadas en 11 áreas por cuatro años para el líder del Ejecutivo y una reforma tributaria, penal, laboral y económica, naufragó. Milei atribuyó a los líderes provinciales la derrota, acusándolos de “traidores” y “extorsionadores”.

 

“Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos» dijo el presidente frente a ministros, asesores y representantes en el Congreso tras la derrota legislativa. Según destaca un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en enero el recorte de las Transferencias No Automáticas a las administraciones provinciales fue del 82,9 por ciento y fue el más bajo de los últimos 31 años; mientras que los giros por coparticipación, descendieron en hasta un 19 por ciento interanual.

Los recortes se realizaron principalmente en el Fondo Compensador del Interior, fondo creado para cubrir parte del valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior del país; el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un impuesto a los automotores creado en 1998 destinado al pago de salarios docentes; y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

 

En tanto, además de los recortes a las TNA, el Ministerio de Economía quitó el un valor aproximado al 30 por ciento las transferencias correspondientes a Chubut por coparticipación, en cobro de una deuda arrastrada por la administración anterior. Como respuesta, su gobernador, Ignacio Torres, denunció un “ahogo financiero adrede y extorsivo” de parte de la Casa Rosada y amenazó con no dejar que salga ningún “barril más de petróleo de Chubut”, si el Ejecutivo no desistía su posición.

“Tenemos un presidente que se roba los fondos de las provincias”, sentenció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al tiempo que aseguró que la estrategia del Ejecutivo “no le saca dinero del bolsillo a los gobernadores sino a todos los habitantes de Argentina”.

Desde entonces, al menos cinco provincias presentaron demandas ante la Corte Suprema contra el Gobierno nacional: La Rioja, Chubut, Chaco, La Pampa y Misiones. El mismo camino se anunció que seguirá la Provincia de Buenos Aires por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. En tanto, el Gobierno de Chubut, el de Santiago del Estero y el de Río Negro presentaron demandas contra la Nación ante la Justicia Federal.

La estrategia del Ejecutivo

Durante su discurso del pasado 1º de marzo, Milei propuso a cambio del apoyo de los gobernadores, rediscutir la coparticipación federal de los impuestos, lo que implicaría rever el volumen de los aportes provinciales a las cuentas nacionales y la porción que le toca a cada provincia del reparto de los mismos.

Sin embargo, el presidente condicionó la negociación a la firma de la Ley de Bases y el apoyo al DNU 70/23. “Sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común”, expresó el mandatario.

Al tiempo que señaló que la muestra de buena voluntad no significa claudicación. “Si buscan conflicto, conflicto tendrán”, expresó Milei.

La iniciativa volvió a colocar la discusión parlamentaria en la escena e implica una reedición de la mayor derrota de la actual administración federal en términos políticos, el retiro de la “Ley Omnibús”.

Además, la iniciativa obligó a los diferentes gobernadores a tomar diferentes posturas y minó los puentes construidos entre aliados, opositores y “dialoguistas”.

Los gobernadores

Entre las posturas más opuestas a Milei, se encuentran las provincias bajo gobiernos peronistas. El grupo, integrado por seis de las 23 provincias que integran el país, está compuesto por los gobernadores de La Rioja, de La Pampa, de Tierra del Fuego, de Formosa, de Santiago del Estero y de la Provincia de Buenos Aires.

El mandatario de esta última, la más importante a nivel nacional por aporte de capital y volumen de población, es gobernada por Axel Kicillof, exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof rechazó de plano participar del Pacto de Mayo, por considerar que el diálogo se convocó en base a la extorsión.

«Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo», señaló.

En la misma línea, se manifestó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien comparó el Pacto de Mayo con el Consenso de Washington.

 

“El Pacto de Mayo se condiciona a que uno apruebe lo que es la Ley Ómnibus. Desde el vamos, eso no va a ser factible. No se puede debatir algo que fracasó. No hay un solo tema en beneficio de la sociedad”, declaró el riojano.

Del otro lado, el expresidente Mauricio Macri sostuvo reuniones con los diferentes líderes provinciales del PRO, partido que fundó y que pretende presidir este año. Según apunta la prensa local, Macri intenta que su partido confluya con La Libertad Avanza, de Javier Milei, y que formen una alianza entre este año y el año que viene, tras la disolución de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, no todos los gobernadores responden tan linealmente a la lógica palaciega impulsada por Macri. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que “no hay claridad sobre cuál va a ser la propuesta del Gobierno nacional a las provincias” y condiciona su apoyo a que no haya un aumento de impuesto sobre la producción.

En tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, manifestó que, “en términos personales, soy un ser humano y es muy difícil a veces pasar la página cuando hemos sido tan agredidos», aunque señaló que tiene “la responsabilidad de poner lo importante sobre cualquier cosa”.

En tanto, existen varias provincias que mantienen una autonomía relativa y que en el Parlamento conformaron, junto con partidos de centro derecha, un bloque de legisladores reconocidos como “dialoguistas”.

 

El protagonismo de estos gobernadores lo tiene el cordobés Martín Llaryora. El partido de Llaryora inicialmente había entablado una alianza con Milei y varios integrantes de su partido, que quedó como tercera fuerza en las presidenciales de 2023, fueron nombrados en cargos de importancia en la administración federal. Sin embargo, el vínculo se rompió tras el revés de la Ley Omnibús y las posiciones no han hecho más que distanciarse.

Llaryora señaló que los gobernadores buscan que se amplíe la propuesta y busca aprovechar la oportunidad para hacerse de la iniciativa. De hecho, este martes, el gobernador cordobés manifestó que “con la motosierra y la licuadora no alcanza”, y aseveró que hay que discutir un programa productivo para llegar al pacto que propone Milei.

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