Un juez federal estadounidense prolongó temporalmente las medidas que impiden a la Administración Trump deportar a cientos de niños migrantes guatemaltecos que se encuentran bajo custodia del Gobierno, pero solo por unos días, por lo cual los menores aún no tienen seguridad de poder continuar en el país.

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La decisión, emitida el pasado sábado 13 de septiembre por el juez Timothy J. Kelly, mantiene la protección para los niños guatemaltecos que llegaron solos a EE.UU. y residen en albergues gubernamentales y hogares de acogida, pero solo hasta el 16 de septiembre.

El juez Kelly explicó que necesitaba una breve extensión para seguir estudiando el asunto porque, hasta la audiencia del 10 de septiembre, los hechos del caso seguían cambiando.

Su resolución se produjo después de que durante esa audiencia, el Gobierno se retractara de afirmaciones previas sobre que los padres de los niños habían solicitado su regreso.

La orden del juez enfatizó que las autoridades «no transferirán, repatriarán, removerán o facilitarán el transporte de ninguno de los demandantes o miembros de dicha clase putativa de Estados Unidos».

Anteriormente, la Administración Trump intentó deportar a decenas de niños migrantes guatemaltecos que habían llegado solos a EE.UU. mediante una operación de fin de semana del Día del Trabajo.

En una operación nocturna el pasado 30 de agosto, se notificó a los albergues que los niños serían devueltos a Guatemala y debían estar listos para partir en cuestión de horas.

De este modo, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recogieron a los niños de albergues y hogares de acogida, transportándolos al aeropuerto.

El Gobierno había identificado a 457 niños para posible deportación, aunque la lista se redujo a 327.

Finalmente, 76 niños lograron abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, en la madrugada del pasado 31 de agosto, preparados para partir hacia Guatemala en lo que el Gobierno describió como una primera fase.

Abogados y defensores de los niños, alertados de los posibles intentos de deportación, demandaron inmediatamente al Ejecutivo para evitar la remoción de los menores.

Los defensores argumentaron que muchos de estos niños huían de abusos o violencia en sus países de origen y que el Gobierno estaba eludiendo procedimientos legales establecidos para proteger a los jóvenes migrantes de ser devueltos a lugares potencialmente abusivos o violentos.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que tiene el derecho a devolver a los niños bajo su custodia y que actuaba a instancias del Gobierno guatemalteco.

Sin embargo, el Gobierno de Guatemala expresó su preocupación por los menores en custodia de EE.UU. que estaban a punto de cumplir 18 años y correrían el riesgo de ser trasladados a centros de detención para adultos.

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