En medio de una creciente agresividad contra el Gobierno e instituciones brasileñas, la Casa Blanca confirmó este miércoles que impondrá a Brasil aranceles del 50 por ciento a partir del 1 de agosto, los cuales entrarán en vigor pese a numerosos intentos negociadores por parte del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva.

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A través de un comunicado, la Casa Blanca señaló: «Hoy (miércoles), el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva implementando un arancel adicional del 40 por ciento a Brasil, llevando el total al 50 por ciento, para lidiar con las recientes políticas, prácticas y acciones por parte del Gobierno de Brasil, que constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional política externa y economía de EE.UU.«.

La medida afectará sectores estratégicos de la economía brasileña, entre ellos el acero, los alimentos procesados y los productos agrícolas y minerales.

De acuerdo con medios brasileños, en el texto la Administración Trump acusa al Estado brasileño de perseguir al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y a aliados que están acusados de organizar un golpe de Estado para impedir la juramentación de Lula al frente del país.

Washington también recurrió a acusaciones de que Brasilia comete lo que llamó «graves violaciones de derechos humanos» y socava el Estado de derecho. «La persecución, la intimidación, el acoso, la censura y el procesamiento de Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios constituyen graves abusos», prosigue el texto, que vuelve sobre la injerencia en asuntos internos de otro Estado y el irrespeto a sus instituciones y su sistema de justicia.

La orden presidencial también ataca al Supremo Tribunal Federal (STF), en particular al juez Alexandre de Moraes, a cargo del enjuiciamiento a Bolsonaro y demás golpistas. Según la Casa Blanca, Moraes presuntamente coordinó con otros miembros del poder judicial para censurar a opositores políticos, incluso en Estados Unidos. Adicionalmente, revocó las visas a De Moraes, sus familiares y los otros miembros del STF.

La orden también acusa a Brasilia de coaccionar a grandes empresas tecnológicas estadounidenses, a las que en postura soberana el STF les ha exigido que cambien sus políticas de moderación de contenido, entreguen datos de usuarios o se enfrenten a sanciones legales. Vale recordar que Brasil ha defendido esta postura para impedir que a través de las redes se fomenten discursos de odio o acciones anticonstitucionales, como promover desórdenes desestabilizadores.

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