Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revocó el miércoles 20 de agosto una orden judicial anterior que protegía a 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, permitiendo al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para estos grupos.

El fallo indica que los titulares de TPS de Nepal perderán su estatus legal y su permiso de trabajo inmediatamente; entretanto, los beneficiarios hondureños y nicaragüenses perderán su estatus legal el 8 de septiembre de 2025, medida que expone a la deportación a miles de personas.

El estatus legal de esos migrantes centroamericanos y asiáticos residentes en Estados Unidos caducará a pesar de las advertencias sobre la falta de condiciones económicas y de seguridad en sus países de origen para recibir a los retornados.

Diversos grupos activistas alegan que la terminación del TPS no se basa en un análisis objetivo de las condiciones de los países, no ofrece un aviso de seis meses, y está motivada por discriminación racial.

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El pasado 31 de julio, la Corte del Distrito Norte de California en San Francisco había pospuesto la finalización del programa y extendido la audiencia hasta el 18 de noviembre. Sin embargo, una apelación de emergencia por parte del Gobierno de Estados Unidos adelantó el proceso.

El Gobierno de Donald Trump anunció en julio la terminación del TPS para hondureños, nicaragüenses y nepaleses, con un plazo de 60 días para regularizar su estatus o abandonar el país, medida que fue temporalmente bloqueada por la jueza federal Trina L. Thompson el 1 de agosto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impulsado políticas migratorias más estrictas, lo que ha llevado a un aumento en los arrestos de migrantes sin antecedentes penales y un incremento en las demandas por parte de organizaciones como la  Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). Una encuesta de Reuters-Ipsos indica que las políticas de Trump tienen un bajo nivel de aprobación, con solo el 41 por ciento de respaldo.

El TPS, establecido durante la Administración de George Herbert Walker Bush y aprobado en 1998 bajo la presidencia de Bill Clinton, permite que ciudadanos de naciones afectadas por desastres naturales o conflictos residan y trabajen legalmente en Estados Unidos.

No obstante, la Administración de Donald Trump ha sido crítica con el programa. A través de sus políticas políticas migratorias ha cancelado el TPS para varias nacionalidades, entre ellas aproximadamente 160.000 ucranianos, 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos

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