Ecuador elimina juzgados anticorrupción y redistribuye causas nacionales entre más de 50 jueces
Consejo de la Judicatura concentra en Quito procesos por corrupción y crimen organizado mientras, genera cuestionamientos en Ecuador
La presidenta Mercedes Caicedo Aldaz y los vocales Magaly Ruiz Cajas, Alfredo Cuadros, Damian Larco G, y Fabian Fabara mantuvieron una mesa de trabajo con los jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito. Foto: @CJudicaturaEc
15 de septiembre de 2026 Hora: 22:20
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El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el 7 de septiembre la Resolución 187-2026, mediante la cual suprimió la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada, el Tribunal de Garantías Penales Especializado y la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La decisión modifica el sistema implementado hace aproximadamente cuatro años y mantiene en Quito la competencia nacional para conocer este tipo de procesos, aunque los hechos investigados se hayan registrado en otras provincias del país.
Según el documento oficial, las competencias serán asumidas por dependencias penales ubicadas en las parroquias de Iñaquito y La Mariscal, además de la Corte Provincial de Pichincha. El Consejo justificó la reorganización con base en un análisis técnico de carga procesal y en la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del sistema judicial.
La resolución establece que la Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito atenderá los procesos hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. La Unidad Judicial Penal de La Mariscal asumirá las audiencias de flagrancia, mientras que el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito estará a cargo de la etapa de juzgamiento.
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La segunda instancia, los recursos y los casos de fuero serán conocidos por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha. Estas dependencias conservarán su competencia territorial nacional exclusivamente para los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Carga procesal y capacidad judicial
La Judicatura señaló que el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes durante 12 meses, distribuidos entre nueve magistrados, mientras otros juzgados penales del país superaron el 100 por ciento de su capacidad operativa. El organismo sostuvo que la medida no responde únicamente a razones presupuestarias, sino también a la necesidad de redistribuir la carga de trabajo, aprovechar la infraestructura existente y ampliar el número de jueces habilitados para conocer causas complejas.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, defendió la supresión de las unidades especializadas y afirmó que la decisión no elimina las competencias en materia de corrupción y crimen organizado. Explicó que los jueces que integraban esas dependencias serán incorporados a juzgados penales con mayor carga procesal.
El vocal Damián Larco sostuvo que la especialización no desaparece, sino que se integra a las judicaturas penales de Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha. De acuerdo con el Consejo, el nuevo modelo permitirá pasar de 19 jueces activos a más de 50 magistrados habilitados para conocer estos casos.
El informe técnico que respaldó la resolución indica que la integración de competencias busca fortalecer la continuidad del servicio judicial y preservar la atención especializada. La normativa también incorpora atribuciones relacionadas con la extinción de dominio y la revisión de medidas de inmovilización cautelar de fondos en investigaciones por lavado de activos.
Antecedentes de la especialización
El modelo especializado comenzó con la Resolución 190-2021, que creó la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales especializados. En marzo de 2022, el Consejo aprobó la creación de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El sistema inició operaciones en diciembre de 2022 con 14 jueces seleccionados mediante concurso y capacitados para conocer 44 tipos penales vinculados con corrupción y crimen organizado. En enero de 2024 se incorporaron siete magistrados adicionales, con lo que el grupo llegó a 21 integrantes.
Durante su implementación, las dependencias recibieron cooperación internacional para capacitación y equipamiento. Con la Resolución 187-2026, el Consejo derogó las normas que dieron origen a esas estructuras y modificó la denominación y las atribuciones de las dependencias ordinarias que asumirán las causas.
La resolución incluye un periodo de capacitación de tres meses para los jueces que conocerán estos procesos. La formación estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial y de la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, e incluirá delitos contra la administración pública, delitos económicos, lavado de activos y normativa internacional sobre crimen organizado.
Cuestionamientos al cambio
El exjuez especializado Carlos Serrano cuestionó que la carga laboral se mida únicamente por el número de expedientes. Según su criterio, las causas por corrupción y crimen organizado pueden incluir varios procesados, audiencias extensas y análisis de 44 tipos penales.
Serrano advirtió que incrementar el número de jueces no garantiza una mayor eficiencia si los despachos ordinarios ya enfrentan sobrecarga y problemas de seguridad. También señaló que la reestructuración podría poner en riesgo años de capacitación técnica y cooperación internacional.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, respaldó la decisión. Consideró que el modelo especializado no alcanzó los resultados esperados y sostuvo que distribuir los procesos entre más magistrados podría reducir la exposición de quienes concentraban estas causas.
El abogado Joffre Campaña cuestionó que los procesos continúen centralizados en Quito, incluso cuando los hechos investigados ocurrieron en otras provincias. A su juicio, la eliminación de la estructura especializada debería permitir que las causas sean conocidas por dependencias penales de las jurisdicciones donde se produjeron los hechos.
Observaciones internacionales y transición
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó preocupación por la supresión de la estructura especializada y pidió atención a las condiciones de la reorganización, particularmente en materia de independencia judicial, recursos y garantías para los magistrados.
La Resolución 187-2026 dispone que los procesos con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de anuncio de decisión, resolución o sentencia permanecerán a cargo de los jueces que los conocían hasta su conclusión.
La norma entró en vigencia desde su aprobación y ordena adaptar el sistema SATJE, reasignar causas y actualizar los turnos judiciales. El Consejo deberá presentar, en un plazo de 60 días, un informe sobre la optimización del servicio de justicia en las dependencias judiciales a escala nacional.
Autor: teleSUR-asm - JDO
Fuente: Radio Pichincha
