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Las 91 aperturas y remodelaciones de supermercados que reporta la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) en lo que va de 2026, una cifra que supera las 66 aperturas de 2025, se suman a más de 1.600 locales que ya funcionaban, y su presidente, Ítalo Atencio, calcula un abastecimiento de 98% en los anaqueles, con nueve de cada diez productos de origen nacional. Al llegar a la caja, sin embargo, el litro de leche en cartón se ubicaba en septiembre entre 3,30 y 3,70 dólares, más de 65% sobre lo que costaba un año antes.

Los gremios del sector hablan de nuevos emprendedores e inversionistas, de más marcas en los estantes y de un círculo entre supermercados, proveedores y gobierno que hizo posible ese dinamismo, y uno de sus representantes lo resumió así, «nosotros somos resilientes», y agregó que hay que «luchar primeramente por nosotros, por nuestra familia y por nuestro maravilloso país». Lo que esa energía deja pendiente se ve en la etiqueta, y para entender por qué el precio sigue alto en un mercado que se llena hay que mirar cómo se arma la cadena de los alimentos.

Una familia que entra a esos locales compra lo que no puede dejar de comprar, porque la leche, el arroz, las caraotas, el aceite y el café no se suspenden cuando suben, y por eso, como lo plantean Matías Strasorier y María Rizzo en un análisis reciente para la agencia NODAL, la canasta de alimentos es el lugar donde se va buena parte de cada aumento de sueldo. Los autores observan que el mercado alimentario venezolano se organiza en torno a pocas empresas por rubro, y que esa concentración les da margen para defender sus precios cuando mejoran los ingresos de los hogares.

El análisis describe estructuras parecidas en aceites vegetales, carnes y avicultura, pero la leche con que abre este texto es el caso más marcado, porque El Tunal (marca Purísima) y la Pasteurizadora Táchira se reparten cerca de 80% del mercado formal de líquidos, con 45% y 35% aproximadamente. Con la caraota negra, el frijol negro del resto del continente, pesa además la importación, pues el kilo en bolsa de marca tradicional pasó de 1,90 dólares en 2024 a una banda de 2,90 a 3,30 en las grandes cadenas en septiembre de 2026, mientras el circuito depende de leguminosas a granel que llegan de China, Canadá y Argentina, con el flete marítimo y las tasas de nacionalización en puerto sumados al costo.

Cada tramo de ese recorrido, el flete y el puerto entre ellos, transcurre bajo las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno venezolano califica de ilegales y que, según esa lectura, golpearon también al sector privado. Frente a ese escenario, la presidenta encargada hizo un llamado a todos los sectores a sumar esfuerzos por la estabilidad financiera y la distribución equitativa de la riqueza, de modo que la concentración de los precios y la inflación aparecen como una contradicción que la política económica debe resolver con los empresarios adentro. Las cifras disponibles no separan cuánto del precio en caja es costo de importar y cuánto es margen, y esa cuenta solo puede afinarse en la mesa donde gobierno y empresarios ya se sientan juntos.

Una recuperación que sigue en marcha

Esa mesa se apoya en una recuperación que ya venía, y así terminó 2025. La CEPAL estimaba en diciembre que Venezuela crecería 6,5% ese año, de los más altos de América Latina, y el cierre del año dejó un abastecimiento de 98% en los anaqueles, el mismo que hoy reporta el gremio, una cosecha de café de más de tres millones de quintales y un sector porcino que, según cifras oficiales, había crecido 12,6%.

El 3 de enero, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores por fuerzas militares de Estados Unidos, en una operación sobre Caracas, no frenó la recuperación que ya mostraban las cifras de fines de 2025. Dos días después, la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada.

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Nueve meses después, las cifras lo confirman. En el Consejo Nacional de Economía, que sesionó el 2 de octubre con empresarios públicos y privados y con una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo, Rodríguez proyectó que el tercer trimestre completará 22 trimestres consecutivos de crecimiento, a pesar del doble terremoto del 24 de junio, y habló de una «ebullición económica». La CEPAL mantuvo en agosto su proyección de 6,5% para 2026 y la repitió para 2027.

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El Banco Central de Venezuela atribuye la desaceleración de los precios a su coordinación con el Ejecutivo. En una nota de prensa destacó que esa coordinación propició «un crecimiento de los agregados monetarios acorde con el desempeño de la economía nacional», y sumó la normalización de los flujos de ingresos externos y el descenso de las presiones cambiarias, factores que, según el ente, hacen que el tipo de cambio muestre un «comportamiento hacia la estabilización», con una menor brecha cambiaria y una menor variación en los precios de bienes y servicios.

Los precios, sin embargo, ceden con más lentitud. La inflación mensual llegó a 19,9% en julio, en el repunte que siguió al terremoto, y desde entonces baja, según la trayectoria de 2026 que publica el propio banco.

Queda así una paradoja, un crecimiento alto que convive con una inflación todavía muy fuerte y que, en dólares, ocurre en un país que no emite dólares.

Los autores del análisis de NODAL sostienen que, si Venezuela no emite esa moneda, la causa no puede estar en la emisión del gobierno y hay que buscarla en cómo se reparte lo que el país produce, lo que llaman puja distributiva. Las firmas privadas miden esa inflación en dólares con distancias grandes, entre 20% y 30% para 2026 según la consultora Ecoanalítica y cerca de 45% según CEDICE Libertad, un centro de pensamiento que defiende el libre mercado, y los autores concluyen que, más allá de esas diferencias, existe. Donde mejor se nota es en el sueldo de quien hace la compra.

El salario, la batalla de fondo

Visto desde el resto de América Latina, el caso venezolano reúne tres rasgos que rara vez coinciden. La CEPAL proyecta para 2026 un crecimiento de 6,5%, de los más altos de la región, frente a 4,5% en Nicaragua, 3,3% en la Argentina de Javier Milei, 3,2% en Perú y 2,6% en Colombia; la inflación mensual, en cambio, fue de 8,9% en agosto en Venezuela y de 1,7% en Argentina; y el ingreso mínimo integral venezolano, de 240 dólares desde mayo, queda cerca de los 257 de Nicaragua y los 251 de Argentina y por debajo de los de Perú y Colombia, con la salvedad de que suma bonos que no cuentan para prestaciones y de que el salario mínimo legal sigue congelado en 130 bolívares, menos de un dólar.

Es el perfil de una economía bajo medidas coercitivas unilaterales que crece y se abastece, y la lección para otros países expuestos a agresiones externas es que ese crecimiento no alcanza si el ingreso de los trabajadores no lo acompaña. Por eso el gobierno de la presidenta (E) Delcy Rodríguez lo puso en el centro, y el ingreso mínimo integral, que suma el salario y los bonos, pasó de 130 dólares a comienzos de 2025 a 240 en mayo de 2026, un aumento de 85% que ella calificó como «el aumento más importante de los últimos años» y que acompañó con pensiones de 70 dólares, a la vez que exhortó al sector privado a aplicarlo donde el pago sea inferior.

Frente a ese ingreso, la Canasta Alimentaria Familiar acumuló en tres años más de 95%, según Cendas-FVM, el centro de análisis de la Federación Venezolana de Maestros, y estimaciones privadas ubican su costo en unos 677 dólares para una familia de cinco. Los autores Strasorier y Rizzo estiman que el alza de los alimentos absorbió buena parte del avance, de modo que la capacidad de compra de calorías y proteínas habría quedado algo estancada.

A esa lectura se suma otra, la del informe oficial de consumo. En los primeros siete meses del año, según el informe oficial que la presidenta encargada presentó a mediados de agosto al entregar el Súper Abasto Mercal número 200 rehabilitado en el país, un local de la red de Misión Mercal que el comandante Hugo Chávez creó en 2003 para vender alimentos a precios regulados y que el gobierno presenta como su programa de abastecimiento emblema, el consumo de alimentos creció 9,6%, con las proteínas a la cabeza, mientras ANSA registra 21% más de actividad comercial entre enero y julio. Rodríguez habló de «un proceso de recuperación paulatina» y, ya en octubre, fijó el reto en «transformar ese impulso en más bienestar social». En el bienestar de las familias trabajadoras, las dos lecturas se encuentran.

Detrás de las proteínas hay una oferta que crece. El sector avícola prevé superar las 900.000 toneladas de pollo este año, frente a 825.000 en el período previo, según la federación avícola Fenavi, que ya prepara una exportación piloto hacia las islas de Aruba, Bonaire y Curazao; el ministro de Agricultura Productiva, Vladímir Padrino López, asegura que el país alcanzó el autoabastecimiento de carne de cerdo, y los mercados a cielo abierto y las bodegas comunales llevaron más de 500.000 toneladas de alimentos a más de cuatro millones de familias entre enero y mayo.

En los cereales, el balance oficial al 25 de septiembre registra 593.279 hectáreas sembradas en el ciclo de invierno, con 503.037 de maíz, 89.441 de arroz y 801 de sorgo, y una proyección de 2.631.213 toneladas, según el Plan Cosecha que la presidenta encargada inició en Portuguesa. El Ejecutivo respondió a los reclamos del sector con tres ejes, el financiamiento de la Cartera Única Productiva, el suministro oportuno de combustible y el monitoreo de precios justos en el campo.

El clima es la variable que puede mover esas cifras. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines advierte que la sequía, los costos y la falta de financiamiento llevaron a muchos productores a recortar sus planes de siembra y calcula que cerca de la mitad del maíz que se consume entra por importación, sobre todo desde Brasil y Argentina. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había señalado que la cosecha principal de 2025 quedó por debajo del promedio por el precio del diésel y por las lluvias de mayo a julio, aunque preveía lluvias abundantes para el primer trimestre de 2026. Los cereales encabezan además las importaciones no petroleras desde Estados Unidos, con US$394 millones en el primer semestre, según la Comisión de Comercio Internacional de ese país, en datos procesados por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).

Los economistas discrepan sobre el origen de esa recuperación, pues unos la atribuyen a la dinamización del mercado interno y otros al fin de los controles de precios y a la libre circulación de divisas, pero coinciden en que el salario es el motor del consumo.

Ese consumo, observan los autores, abrió a las empresas un mercado más amplio para colocar inventarios y ampliar operaciones, y el gobierno actúa en dos frentes para que el sueldo rinda más, el de los ingresos y el de la producción.

En el primero, la Ley Especial Antibloqueo de la Clase Obrera, que Maduro propuso el 17 de julio de 2024 para recuperar con más velocidad el ingreso integral de los trabajadores, tuvo a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva, al frente de la mesa técnica nacional instalada cinco días después en Miraflores, y esa línea siguió en pie tras el 3 de enero, con ella ya como presidenta encargada. Para que ese salario encuentre más comida en los anaqueles, la otra mitad de la apuesta se decide en el campo.

Las comunas son la apuesta

Las comunas son la apuesta que sigue en el centro de la política del gobierno venezolano, y no por azar. El 20 de octubre de 2012, en su último Consejo de Ministros, Hugo Chávez lanzó el «Golpe de Timón» y la consigna «Comuna o nada», le asignó a la comuna la condición de «alma» del proceso revolucionario y le encomendó el proyecto a Nicolás Maduro, según relata el investigador Miguel Mazzeo, «como su vida misma». Sostenerlas es, para el gobierno, garantizar la continuidad del proyecto bolivariano, y el viceministro de Economía Comunal, Saúl Osio, informó en febrero que ya existen cinco rubros comunales con capacidad de exportación y ratificó el objetivo de llegar a seis mil comunas en 2026.

El café es el rubro que más avanzó. Las 309 comunas cafetaleras aportan cerca de 30% de la producción nacional, y tras la cosecha de 2025 el gobierno fijó la meta de superar los 2,1 millones de quintales destinados a la exportación. «La Comuna se pone a la vanguardia y logra hacer exportaciones directas de café», dijo el viceministro Osio, y la empresa de propiedad social comunal Enriquito Colmenares, en Lara, exportó siete contenedores a Italia y Estados Unidos en apenas siete meses, según contó la productora Belkis Castañeda en el III Encuentro Nacional del Plan Comunal del Café, celebrado a fines de septiembre en Ospino, estado Portuguesa. La presidenta encargada celebró ante los cafetaleros que fue la «primera vez que las comunas cafetaleras exportan café».

El informe de Strasorier y Rizzo sobre el café resume el punto de partida en una figura, el «puyero». Durante décadas, unos 58.000 caficultores censados, 85% de ellos con parcelas familiares de menos de cinco hectáreas, vendieron el grano a puerta de finca a ese intermediario, que pagaba lo que la urgencia permitía, mientras el kilo comercial llegaba a los supermercados entre 10 y 14 dólares. En Portuguesa, la empresa comunal El Cafetal articula a 79 comunas caficultoras y, según ese informe, asume el acopio, el secado, el tostado, el empaquetado y la distribución, de modo que el valor agregado queda en el territorio y el café terminado llega a las redes de consumo local a un precio final menor.

Entre los alimentos, el café y el cacao son los que más se venden a Estados Unidos. Según VenAmCham, con cifras de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, ocupan el segundo y el quinto lugar entre las exportaciones no petroleras de Venezuela a ese país, en un total que cayó 15,83% frente a 2025. Las de cacao crecieron 111% en 2025 y el Plan Comunal del Cacao 2026 busca pasar de vender materia prima a producir chocolate y derivados con valor agregado.

En los granos, que Osio resume en la idea de que «la Comuna planifica lo que el país necesita consumir», las comunas ya producen soya y caraotas, y en junio el viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, detalló la siembra de maíz amarillo en Guárico y Monagas, además de leguminosas y soya, a las que se suma el arroz de Calabozo, con una cosecha de maíz que el gobernador de Guárico estimó en 68.000 toneladas.

Es una primera fase, pues en febrero Osio habló de un compromiso de 75.000 hectáreas de maíz amarillo para el invierno. Es temprano para medir el peso de las comunas en el PIB, pero su alcance está en el empleo de los territorios y en lo que se deja de importar. Cada alimento que llegue a la red local a menor precio, como ocurre con el café según el informe de NODAL, rinde más por cada dólar de ingreso, y por eso la apuesta comunal y la defensa del sueldo son una misma batalla.

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