El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció una intensificación de la política de sanciones de Estados Unidos y la calificó como una “agresión incesante” dirigida a debilitar la economía nacional y afectar las condiciones de vida del pueblo.

El mandatario cubano afirmó en la red social X que las acciones de Washington buscan “privar al país de la capacidad de atender las necesidades fundamentales”, mediante restricciones sobre ingresos, financiamiento, combustible y tecnología. Según expresó, estas medidas forman parte de una estrategia sostenida para limitar el desarrollo económico de la isla.

Díaz-Canel señaló que “los ataques contra las fuentes de ingresos, el acceso a vías financieras, los suministros de combustible y las transferencias de tecnología” constituyen ejes centrales de la política estadounidense. Asimismo, aseguró que, pese al impacto, el país mantiene su capacidad de respuesta ante las presiones externas.

“El Gobierno estadounidense confía en que ningún país puede funcionar y sobrevivir bajo una guerra tan despiadada. El efecto es concreto y brutal, de lo que no hay duda; pero los sorprende nuestra capacidad de resistir y crear”, afirmó el jefe de Estado.

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Las declaraciones se producen tras la decisión de Estados Unidos de sancionar a cinco entidades cubanas, incluidas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa). El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que dos de las empresas penalizadas generan ingresos a partir de la explotación de recursos minerales, entre ellas la estatal GeoMinera.

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba se mantiene desde hace más de seis décadas, y ha sido reforzado desde enero de 2025 con el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La actual Administración ha intensificado las medidas restrictivas con el objetivo declarado de limitar los ingresos del país.

De acuerdo con declaraciones oficiales estadounidenses, la política incluye acciones para obstaculizar el suministro de petróleo y restringir fuentes de financiamiento, elementos considerados estratégicos para el funcionamiento de la economía cubana. Este enfoque ha sido acompañado por un despliegue militar en el Caribe bajo el Comando Sur.

Las autoridades cubanas han calificado estas medidas como una “táctica de genocidio” parte de una política de presión extrema. El país caribeño ha enfrentado un escenario económico marcado por un deterioro significativo en medio del recrudecimiento del bloqueo multidimensional impuesto por Estados Unidos, cuyas medidas coercitivas han sido reforzadas en los últimos meses por la Casa Blanca, afectando de manera directa sectores estratégicos y servicios esenciales para la población.

Esta política ha puesto en riesgo el acceso a la energía eléctrica, la salud, la educación, el transporte, los alimentos y el turismo, profundizando las dificultades económicas del país caribeño y limitando su capacidad de desarrollo, en un contexto de creciente presión internacional contra la isla.

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