“Denunciamos que Ruth López, nuestra compañera y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, estaría siendo víctima de una desaparición forzada de corta duración, lo que representa una grave violación de derechos humanos conforme al derecho internacional”, escribió la entidad en una publicación en su cuenta de X.

La organización que asiste a las familias de los 252 migrantes venezolanos secuestrados en el CECOT tras ser deportados por Estados Unidos, denunció que las autoridades no han proporcionado información sobre el paradero de López, ni han permitido el acceso a sus abogados, lo que constituye una violación flagrante del debido proceso al derecho a la defensa y a los estándares internacionales de protección judicial. A este respecto, la organización Cristosal denunció que el caso cumple con los elementos de una «desaparición forzada», de conformidad con los establecido en instrumentos internacionales.

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El organismo defensor de los Derechos Humanos precisó que la detención de Ruth ocurre en momentos de «profunda preocupación» sobre «el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos» en El Salvador y en un contexto de «debilitamiento institucional y represión».

Ruth López de 47 años, es Jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristobal. Se caracteriza por ser una de las voces críticas hacia el Gobierno de Bukele, denunciando casos de vulneraciones a Derechos Humanos en el marco del régimen de excepción, también las arbitrariedades en el caso de los venezolanos secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La abogada Ruth López, quien se encuentra en la lista de las 100 mujeres más influyentes de 2024, fue detenida por Agentes de la Policía Nacional Civil, alrededor de las 11:00 de la noche, hora local, del domingo 18 de mayo, en virtud de una orden de la Fiscalía, acusada de supuestamente participar “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante su gestión como Magistrado y en su período como presidente del TSE.

Por medio del comunicado emitido, la Organización defensora de Derechos Humanos Cristosal, exige a las autoridades salvadoreñas garantías efectivas para su integridad física, psicológica y jurídica, información oficial y verificable sobre su paradero, así como acceso pleno e inmediato a su equipo legal.

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