En medio de crecientes protestas contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social y el memorando de entendimiento firmado con EE.UU., el Gobierno de Panamá concretó la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., denunciada por ese sindicato como acto de persecución política.

La víspera, el Ejecutivo que encabeza José Raúl Mulino canceló la personería jurídica de la referida cooperativa a través del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), por presuntas violaciones a normativas financieras para prevenir el lavado de dinero.

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El abogado del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Antonio Vargas, consideró absurdos los argumentos de que exista blanqueo de capitales. Señaló que la cooperativa tuvo una auditoría recientemente y que ha estado regulada sin problemas desde 2012.

Recordó que el intento de privar a Suntracs de sus cuentas bancarias, primero, y de su cooperativa, después, tiene larga data, inició desde el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y ahora le da continuidad el actual Gobierno.

Dejó claro que las cuentas de la cooperativa se mantienen cerradas desde mucho antes que el Ipacoop cancelara su personería jurídica.

El jurista denunció que «estamos ante una persecución política que tiene como brazo ejecutor a los órganos de investigación de la Policía Nacional, que luego pone de conocimiento supuestamente a la UAF (Unidad de Análisis Finaciero), luego al procurador de la Nación, Luis Gómez, que es el abogado del presidente Mulino».

La arremetida gubernamental contra Suntracs también fue denunciada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que encabeza las protestas. Durante una conferencia de prensa, líderes de la plataforma repudiaron el allanamiento de las oficinas de Suntracs en la provincia de Chiriquí (oeste) para buscar elementos que inculpen al gremio en blanqueo de capitales.

El Gobierno está usando todo el poder para desaparecer a Suntracs, pero los obreros y las obreras de la construcción vamos a seguir en unidad, dando la batalla hasta las últimas consecuencias. No vamos a rendirnos. Pedimos al pueblo panameño toda su solidaridad, manifestaron.

Suntracs juega un papel primordial en la resistencia popular contra el neoliberalismo, que se concreta hoy en la lucha contra la Ley 462 y los ataques de EE.UU. a la soberanía panameña. Está en marcha un plan militar de la Casa Blanca para hacerse con el control del Canal de Panamá, como mostró el memorando de entendimiento firmado con Washington, suscrito a espaldas del pueblo y violatorio del Tratado de Neutralidad de la vía interoceánica.

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También resultó clave la participación del combativo sindicato panameño en las protestas durante la segunda mitad de 2023 para cerrar la mina de cobre ubicada en Donoso (provincia de Colón). Tras masivas movilizaciones, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato firmado entre el Gobierno (a través de Minera Panamá) y la trasnacional First Quantum.

Pese al rechazo generalizado de esa actividad, Mulino manifestó semanas atrás que revisará la situación de Minera Panamá y hace varias jornadas expresó que no permitirá que sindicatos como Suntracs «secuestren» al país.

El hostigamiento a los sindicatos y organizaciones que encabezan las protestas cobró cuerpo, además, en detenciones arbitrarias de sus líderes y represión a la protesta pacífica, entre otros actos.

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