El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato del líder indígena William Gaitán el pasado 13 de julio de 2025 en las inmediaciones del río Muco, en el municipio de Puerto Gaitán, departamento de Meta.

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Según reportes preliminares, hombres armados abrieron fuego contra el vehículo en el que se desplazaba, marcando un nuevo episodio de violencia contra líderes sociales en Colombia. Con este caso, Indepaz registró 86 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025.

William Gaitán era un reconocido líder indígena y gerente de la IPS indígena Matsuludani, ubicada en el resguardo Domo Planas, en Puerto Gaitán. Su trayectoria incluía un fuerte compromiso con los procesos de salud intercultural y la articulación con el sistema de salud regional.

Además, había desempeñado roles como gobernador del resguardo y concejal del municipio entre 2012 y 2015. Su labor se centraba en la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, áreas que lo exponían a riesgos constantes en la región.

El hecho ocurre en un contexto de alerta por parte de la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana (AT) 017/20, la cual incluye a Puerto Gaitán, y la AT 019/23, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Estas alertas señalan el escenario de riesgo al que se enfrentan personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, destaca el informe de Indepaz.

En la zona donde ocurrió el asesinato operan grupos armados como el AGC/Clan del Golfo, el Frente 39 Arcesio Niño del Bloque Amazonas y bandas locales. La jurisdicción corresponde a la Cuarta División del Ejército Colombiano. Estos actores han sido señalados como responsables de la inestabilidad que afecta a líderes sociales en el municipio.

La Defensoría del Pueblo enfatizó la necesidad de medidas de protección para líderes y lideresas, especialmente en regiones como Meta, donde la presencia de grupos armados agrava la situación.

No se han reportado avances oficiales en la investigación del crimen hasta el momento. La comunidad indígena y las organizaciones de derechos humanos esperan que las autoridades actúen con prontitud para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los líderes restantes.

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